JALIFA ROSA DEL CARMEN c/ B.G.H. S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Jalifa Rosa del Carmen (actora/consumidora).

¿A quién se demanda?

B.G.H. S.A. (fabricante/proveedor).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios derivados de la compra de un equipo de aire acondicionado con defecto de fabricación; se reclamaron daño moral y daño punitivo (multa civil).

¿Qué se resolvió?

Se modificó la sentencia de primera instancia: la demanda prospera por la suma de $29.553,26 con más intereses; se incrementó el daño moral (se fija en $11.000) y se hace lugar al daño punitivo (se fija en $15.000); se dejan sin efecto la regulación de honorarios y se ordena nueva regulación una vez firme; costas a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"4. Los agravios de la demandada no resultan procedentes, dado que la fabricante en su condición de proveedor del contrato de consumo, en los términos del art. 2 de la ley 24240, es legitimada pasiva en la demanda de daños y perjuicios intentada por el consumidor en base al incumplimiento del contrato, que faculta la normativa del art. 10 bis de la LDC.

Vale decir, que la fabricante no solo es responsable de la garantía legal, que prevé el art. 11 LDC, sino que es responsable en su calidad de proveedor de cualquiera de las acciones que están incluidas en el catálogo del art. 10 bis y que el consumidor puede ejercer a su libre elección, como lo dice la norma legal.

De allí que no puede pretender circunscribir su responsabilidad solo a la garantía legal, sino que también responde como proveedor (art. 2 LDC) frente a cualquiera de las acciones que la LDC le confiere la consumidor a su libre elección, y que en la especie es la de daños y perjuicios.

Conforme se ha señalado, el legitimado pasivo será el proveedor contratante y en los supuestos de negocios de consumo conexos, también podrá el consumidor dirigir su pretensión contra los proveedores que sean parte del contrato conexo inserto en la cadena de comercialización del producto o servicio, ello debido al impacto de la conexidad sobre la regla de la eficacia vinculante del contrato (cfr. Conexiones entre la noción de proveedor y los legitimados pasivos en la Ley de Defensa del Consumidor, Sandra A. Frustagli, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2009-1, Consumidores, pág.246).

Tampoco resulta procedente la afirmación de la apelante de que nunca se le efectuó reclamo alguno o que jamás tuvo conocimiento, dado que consta agregada a fs. 26 la notificación mediante carta documento de la citación a la audiencia de mediación, a la vez que se opuso a la demanda deducida.

Asimismo, cabe expresar que no procede el agravio de que el juez aquo ha modificado la carga de la prueba, dado que en la especie la actora ha probado el desperfecto del artefacto, mediante la testimonial del instalador y por el dictamen del perito técnico instalador que da cuenta que resulta imposible que el aparato pueda cumplir la función de acondicionar climáticamente el ambiente y que el equipo tiene errores en la fabricación (fs.214 vta.)."

"5. Con relación al daño moral, ambas partes se agravian, la demandada afirmando que no ha sido probado y la actora porque le parece insuficiente el monto fijado.

El daño moral resulta procedente dado que el consumidor ha visto frustrada la confianza generada en la marca del producto adquirido, a tal punto que incluso había adquirido un seguro adicional a la garantía legal, a lo que se agrega la privación del uso del aparato y la necesidad de adquirir otro en sustitución. Se trata de hechos que generan un estado de desasosiego, angustia y tensión excesivas, todo lo cual ha de haber concurrido a producir aquel padecimiento.

Vale decir que se han afectado las razonables expectativas generadas por la confianza, cuyo quebrantamiento determina por sí la reparación del daño moral conforme los arts. 522 y 1078 del Código Civil. La confianza es un hecho económico y jurídico autónomo, para que nazcan obligaciones en el marco del derecho negocial del mercado, que en base a una declaración, comportamiento o apariencia dé lugar a desplazamientos económicos de los consumidores, y al causar daños 85 constituirá un factor de responsabilidad objetivo (cfr. Revista de Derecho de Daños, n° 6, Daño Moral, pág. 175).

En cuanto al monto fijado, resulta un tanto reducido por lo que corresponde incrementarlo, fijándoselo en la suma reclamada de $11.000, con más los intereses que se determinan en la sentencia recurrida."

"6. Con relación a los agravios de la actora sobre el rechazo del reclamo por daño punitivo, resulta procedente.

Al respecto, el Art. 52 bis de la Ley de Defensa del consumidor establece: Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b de esta ley".

La norma legal sanciona, lisa y llanamente, "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor", sin exigir ningún otro requisito.

Siendo el consenso dominante sobre la materia, en el derecho comparado y en nuestra doctrina autoral, el de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado, o por la obtención de enriquecimientos derivados del ilícito, o en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia un menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva.

Colocar en el mercado un aparato que no funciona, más aun cuando se trata de una marca prestigiosa, constituye al menos una grosera negligencia, por lo que corresponde hacer lugar a la aplicación de daños punitivos, que atendiendo a la entidad de la falta, a la circunstancia de que la compradora no requirió la reparación del defecto, se fija en concepto de daño punitivo la suma reclamada de $15.000, que devengará el mismo interés fijado en la sentencia de primera instancia con relación al daño moral."

¿Cómo votaron los jueces?

Dos votos (Dr. Carlos M. Ibáñez y Dr. Alberto M. Acosta) conformes; no existen disidencias.