PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ ARAGON JOSE ANTONIO s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas (D.G.R.).

¿A quién se demanda?

José Antonio Antonio Aragón.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución fiscal para cobro de créditos tributarios; recurso de apelación contra la providencia de fs. 12 (07/09/2015) y planteo de inconstitucionalidad del art. 174 del Código Tributario (ley 5121/ mod. ley 8240) por violación del derecho de igualdad y del debido proceso.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 174; se rechazó el recurso de apelación interpuesto por José Antonio Aragón contra la providencia del 07/09/2015; se declaró de oficio la nulidad del punto III de la sentencia de fecha 21/06/2018 (fs. 66/67); se impusieron las costas del recurso de revocatoria con apelación en subsidio al demandado; se reservó pronunciamiento sobre honorarios. Fecha de la resolución: 01/10/2018. Sentencia Nro. 236.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"I.- El demandado a fs. 28/29, planteó la inconstitucionalidad del artículo 174 de la ley 5121, modificada por la Ley 8240, el que expresa en el Título VI, al regular la ejecución fiscal lo siguiente:

“El juicio se iniciará ante el juez competente de acuerdo a las leyes de organización judicial. No será procedente en el juicio de ejecución fiscal la recusación sin expresión de causa del juez competente...”

“...Los representantes y patrocinantes de la Autoridad de Aplicación quedan eximidos del pago de bonos profesionales, aportes y/o contribuciones de cualquier naturaleza y destino (asociaciones profesionales, caja y entidades de seguridad social y/o previsional, etc.), incluso del pago de adelantos por dichos conceptos, al inicio y durante los procesos judiciales correspondientes, quedando diferido su ingreso al tiempo del pago de las costas y gastos causídicos con cargo al condenado a ello”.

"La sentencia del 21/06/2018 (fs.66/67) rechazó el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el accionado y el planteo de inconstitucionalidad".

"II.- Respecto de la exención de la reposición de los bonos profesionales por actuación judicial que consagra la ley 5.233, y de la exención del pago del aporte de ley 6059 conforme previsiones de los artículos 26 inciso a) y 73 de dicho cuerpo legal, cabe señalar que al ejercitar las acciones judiciales tendientes al cobro de los créditos tributarios, la Provincia despliega una actividad dirigida a la satisfacción de cometidos de bien común. De lo que se deriva la razonabilidad de las citadas exenciones legales, consagratorias de prerrogativas procesales con fundamento en la citada realización del interés público local".

"III.- En tal sentido, la norma que exime del pago de bonos profesionales y aportes de ley 6059 tiende a evitar un obstáculo en orden a la percepción de la renta pública, lo que impacta en forma directa e inmediata en el regular funcionamiento del Estado.

"Ha dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia que la razonabilidad de la ley es la adecuación de los medios utilizados para la obtención de los fines que determina la medida, de forma tal que los procedimientos no aparezcan como infundados o arbitrarios, es decir no proporcionados a los circunstantes que los motivan y al objeto que se procura alcanzar con ellos. Se trata pues, de analizar la correspondencia entre los medios propuestos y los fines que a través de ellos deben lograrse, pero sin juzgar sobre la conveniencia o inconveniencia, el acierto o el error de la medida impugnada pues al órgano judicial solo le incumbe pronunciarse sobre la razonabilidad de las leyes; resolver si son o no proporcionadas a los fines que se buscan y consecuentemente, determinar si resulta admisible la consiguiente restricción de los derechos individuales afectados. (CSJT sent. n° 289 del 14/09/93, “O.S.E.C.A.C. vs. Mickey SACIFIA s/ Cobro de Aportes-Casación”). En igual sentido ha dicho que el principio de razonabilidad tiene como finalidad preservar el valor justicia en el contenido de todo acto de poder en el ejercicio de la competencia jurisdiccional (CSJT, sent. nº 898/2014)".

"Analizada la cuestión de este punto de vista, no aparece irrazonable o arbitraria la norma sino proporcionada al fin buscado por el legislador; que es la celeridad y efectividad en el proceso de apremio a fin de que el Estado, - en sus diversas manifestaciones -, logre recaudar sus rentas".

"Tampoco el excepcionante ha demostrado el interés concreto en la declaración de inconstitucionalidad de la exención legal analizada".

"En igual sentido se ha expedido esta Fiscalía de Cámara, en representaciones anteriores, en dictamen de fecha 06/05/2013, emitido en autos “Municipalidad de San Miguel de Tucumán vs. Atenor Hno SRL s/ Ejecución Fiscal”, Expte. A9564/11, criterio que fuera receptado mediante sentencia nº 240 de fecha 25/07/2013 dictada por la Sala II de ese Tribunal".

Por ello se rechaza la inconstitucionalidad del art. 174 del Codigo Tributario.

¿Cómo votaron los jueces?

El fallo contiene el dictamen de la Fiscalía de Cámara que fue compartido por el Tribunal y el bloque resolutorio final (RESUELVE) que dispone la desestimación del recurso y las consecuencias procesales. No consta disidencia consignada.