PEREZ MIGUEL ALBERTO c/ CONSOLIDAR COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. s/ AMPARO
El actor promovió acción de amparo solicitando el pago único de la indemnización por incapacidad total y permanente en lugar de renta periódica. La Corte rechazó el recurso de casación de la aseguradora y confirmó la declaración de inconstitucionalidad de la norma de la Ley 24.557 que impone la renta vitalicia, aplicando la doctrina Milone/Suárez Guimbard y la nulidad del contrato derivado de norma inconstitucional.
¿Quién es el actor?
Miguel Alberto Pérez.
¿A quién se demanda?
Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de amparo tendiente a obtener el pago único de la indemnización por incapacidad permanente total y definitiva (suma reclamada $25.023,80), en vez de la percepción en renta vitalicia prevista por la Ley 24.557.
¿Qué se resolvió?
La Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de la Cámara del Trabajo que hizo lugar al amparo, declaró la inconstitucionalidad de la norma aplicable de la LRT en el caso concreto y condenó a la aseguradora al pago en los términos ordenados por el juez de grado. Se impusieron las costas por su orden. Las costas de la instancia de casación se impusieron por su orden; reserva sobre regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La Cámara sostuvo que 'el art. 51 del CPC tiene exactamente un efecto y alcance distinto al propuesto por la demandada, de modo tal que en definitiva la validez constitucional del sistema al que la normativa vigente en un momento dado de la historia del país llevó al actor a tener determinado comportamiento, puede y debe ser revisado en la acción interpuesta por el Sr. Miguel Alberto Pérez'."
"Como lo sostuve en el fallo 'Juárez Dante German vs. Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A. s/Amparo', sentencia nº 1036 del 22/11/2012, 'La pretensión del recurrente de que la LRT cumple su objeto y agota su aplicabilidad una vez celebrado el contrato de renta vitalicia, prescinde de lo dispuesto por la LRT en el apartado 1 de su art. 1º, que establece que "...la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias", ... El aludido contrato de renta nace de la exigencia impuesta por la LRT al trabajador de celebrarlo, no como un fin en sí mismo, sino como un medio instrumental a través del cual se procurará cumplir con el objetivo legal de reparación de los daños sufridos.'"
"En efecto, la luz de lo establecido en los ya citados arts. 953 y 1167 del Código Civil, un contrato que deriva de la aplicación de una norma contraria a la Constitución Nacional, está afectado por un vicio (ya que su objeto también es contrario a determinadas garantías constitucionales) determinante de una nulidad absoluta que aparece patentizada en forma manifiesta en el propio acto contractual; y, a la luz de la previsión contenida en el art. 1047 del Código Civil, dicha nulidad puede y debe ser declarada por los jueces, aún sin pedido de parte, máxime cuando -como en el caso- tal declaración debe efectuarse 'en interés' y en resguardo de la vigencia efectiva de la Ley Suprema'."
¿Cómo votaron los jueces?
Voto de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar como preopinante, adhesión de los Dres. Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane; acuerdo por mayoría unánime (3 votos) conforme al bloque dispositivo final: "NO HACER LUGAR al recurso de casación...".
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
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