IBARRA ADRIANA MABEL c/ COLEGIO SAN CARLOS Y/O SAN CARLOS DE BORROMEO S.R.L s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Adriana Mabel Ibarra, en representación de su hija C. B. M.

¿A quién se demanda?

Colegio San Carlos y/o San Carlos de Borromeo S.R.L.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción resarcitoria por daños y perjuicios (perforación en párpado derecho y traumatismo en el globo ocular) por hechos ocurridos en el establecimiento educativo; pretensión por $63.082.976,12.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación de la actora, se revocó la resolución de fecha 06/10/2023 que había declarado la incompetencia del fuero Civil y Comercial Común, y se declaró competente a éste (art. 68 inc. 1 LOPJ). Se remiten los autos al Juzgado Civil y Comercial Común de la VII Nominación para que continúe el trámite. Respecto de costas, se resolvió conforme lo expuesto.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En el caso de autos, la actora Adriana Mabel Ibarra, en representación de su hija C. B. M., promueve acción resarcitoria en contra del Colegio San Carlos, persiguiendo el cobro de la suma de $63.082.976,12, con sustento en los daños y perjuicios que invoca haber sufrido la menor (perforación en el párpado derecho y traumatismo en el globo ocular) en circunstancias en que se encontraba en el establecimiento educativo demandado."

"En orden a justificar ese adelanto, conforme es puntualizado en el dictamen fiscal -criterio que se comparte-, si bien la prestación de obra o de servicios queda aprehendida en la norma del art. 71 inc. 1 de la LOPJ, el caso concreto de autos presenta ribetes determinados que deben ser analizados por el Tribunal. Para seguidamente referir, con cita doctrinaria (Carlos H. Hernandez y Julieta B. Trivisonno), a los caracteres del contrato de servicios educativos privados o contratos de enseñanza, destacando su atipicidad, por cuanto desborda la frontera de la locación de servicios y no puede ser encuadrado dentro de ninguna de las figuras tipificadas. ... la atipicidad también se ve mitigada atento la posibilidad de recurrir a las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, dado que este contrato de prestaciones de servicios educativos privados puede ser calificado como contrato de consumo…"

"Por ello, atento a lo aquí considerado, el fundado dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, que este Tribunal comparte y hace propio, y el criterio sentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la provincia en los precedentes citados, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido, revocando la sentencia de fecha 06/10/2023, y declarar competente al fuero en lo Civil y Comercial Común, en virtud de lo dispuesto por el art. 68, inc.1° LOPJ. En consecuencia, disponer la devolución de estos autos al Juzgado Civil y Comercial Común de la VII Nominación, para que continue entendiendo en la presente causa."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal con coincidencia de votos entre el primer y segundo votante; el bloque dispositivo final hace lugar al recurso (mayoría).