DIAZ JULIO ENRIQUE c/ ASOCIART S.A. -ART- s/ AMPARO INFORMATIVO

¿Quién es el actor?

Julio Enrique Díaz.

¿A quién se demanda?

ASOCIART S.A. Aseguradora del Riesgo del Trabajo.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo informativo (habeas data) para obtener acceso fehaciente, completo y genuino a estudios médicos preocupacionales y ocupacionales y demás documentación médica en poder de la ART, vinculada al accidente de trabajo ocurrido el 14/07/2016 y sus secuelas (traumatismo de cráneo, problemas de visión).

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de la Provincia de Tucumán confirmó en lo sustancial la sentencia de Cámara que hizo lugar al recurso de apelación —es decir, declaró satisfecho el objeto del amparo con la documentación aportada por la demandada— pero hizo lugar parcialmente al recurso de casación solo para dejar sin efecto la imposición de costas realizada por la Cámara; en su reemplazo dispuso: “II.- COSTAS, de ambas instancia, por el orden causado”. Se impusieron las costas de la instancia casatoria por el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En este contexto, y habiendo precisado el objeto del amparo informativo, cabe destacar que la Ley 26.529 (con las modificaciones introducidas por la ley 26.742) regula todo lo atinente a los derechos de los pacientes como así también a las obligaciones del equipo de salud con relación a la custodia, conservación y exhibición de la historia clínica y de toda documentación médica referida al paciente que obrare en su poder. Aunque a primera vista pudiera discutirse la utilización de la expresión 'historia clínica' para denominar al conjunto de datos médicos referidos a una persona que obraren en poder de una aseguradora de riesgos del trabajo, lo cierto es que a la luz de la evolución en los distintos aspectos involucrados en la relación médico-paciente a lo largo de las últimas décadas, como así también al calor del prisma protector de derechos que implicó la sanción de la Ley 26.529, es claro que la regulación allí contenida alcanza a toda registración de datos médicos referidos a un enfermo, disipando con ello la eventual crítica terminológica antes referida. Se trata, en definitiva, de la tutela de los datos médicos relativos a la historia de vida de un enfermo y, como tal, proyecta parte de su propia biografía respecto de la evolución de una determinada enfermedad, razón por la cual no existen razones de peso relevantes que conduzcan a efectuar discriminaciones entre distintos tipos de registros o asientos médicos ya sea que sean efectuados en el marco de un proceso de atención clínica o en el contexto de estudios vinculados a la seguridad y los riesgos del trabajo. En efecto, la Ley 26.529 define a la historia clínica como el 'documento cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud' (art. 12). Si el actor reclama aquí la obtención de información relativa a su estado de salud y a la actividad desplegada por los médicos de la ART que intervinieron en sus estudiuos preocupacionales o posteriores, es claro que tal actuación profesional encuadra sin dificultades en la reglamentación legal de la historia clínica, ya que se trata de asientos que se realizan como consecuencia de todo acto médico indicado o realizado con relación a un enfermo (art. 15, inc. g, Ley 26.529)" (CSJT, sent. n° 696 del 21/07/2015 citada).

"La secuencia de las fechas no permite advertir una inconducta de la demandada respecto de la documentación adjuntada en la contestación, por lo que la afirmación de la Cámara en relación a que la demandada debe cargar con las costas debido a que obligó a demandar al actor, luce arbitraria en las concretas circunstancias de la causa. Se advierte entonces que la conducta de la demandada en el caso, no justifica la condena en costas de la presente acción, aún cuando corresponda confirmar el progreso de la misma por las razones previamente consideradas. Por todo ello, y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas que rodean el presente caso, interpreto adecuado dejar sin efecto parcialmente la sentencia impugnada, sólo respecto del punto II de la parte resolutiva (costas). A su vez, teniendo en cuenta lo señalado y que el actor pudo interpretar necesaria la promoción de la presente acción, corresponde imponer las costas de ambas instancias por el orden causado en atención a la facultad regulada en el art. 105 del CPCCT."

¿Cómo votaron los jueces?

decisión unánime (votos de Gandur —preopinante—; Estofán; Posse adhieren).