DIRECCION DE COMERCIO INTERIOR c/ ASOCIACION CATOLICA DE EMPLEADOS DE TUCUMAN - DENUNCIANTE: MENDOZA LAUTARO s/ SU DENUNCIA

Actor (denunciante): Dirección de Comercio Interior actuó por denuncia de Lautaro Mendoza (denunciante).

¿A quién se demanda?

Asociación Católica de Empleadas de Tucumán (representada por Herminia Beatriz Stella).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso contra la resolución administrativa N° 962/311-DCI-10 (28/09/2010) que impuso multa de $2.000 por infracción del art. 19 Ley 24.240, y posterior apelación judicial; controversia sobre si existió relación de consumo/contrato de garaje y si la asociación es “proveedor” alcanzado por la LDC.

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, declaró la nulidad de la sentencia del Juzgado de Instrucción de la IIª Nominación de fecha 24/05/2018 por deficiencia motivacional y ordenó remitir las actuaciones al juzgado de origen para que con distinta integración dicte nuevo pronunciamiento. Costas por su orden; reserva sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Del escaso argumento ofrecido por el sentenciante, puede deducirse que la Asociación Católica de Empleadas de Tucumán no sería sujeto pasivo de imputación de la LDC, al no ser un “proveedor de bienes y servicios”, tal como lo establece el art. 2 LDC, ni existir una “relación de consumo” (art. 3 LDC). Es decir que el señor Mendoza estacionaba su vehículo en la cochera perteneciente a la asociación, pero el dinero que se le cobraba era como colaboración, pero no por contraprestación del servicio de depósito y guarda del automotor."

"Por otro lado, tampoco resulta justificado el argumento utilizado por el a quo al sostener la inexistencia de infracción al art. 19 de la Ley de Defensa del Consumidor por parte de la Asociación Católica de Empleadas de Tucumán. De modo escueto el sentenciante afirma que “la infracción al art. 19° de la ley 24.240, no tipifica en el encuadre casuistico de la sanción estipulada”, sin dar ningún tipo de fundamento que sustente su conclusión, ni efectuar un análisis crítico de la resolución administrativa impugnada."

"Por las razones expresadas, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el apoderado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, y declarar la nulidad de la sentencia de fecha 24 de mayo de 2018 dictada por el Juez de Instrucción de la IIª Nominación, en base a la siguiente doctrina legal: “Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que, incurriendo en inobservancia de las reglas de la sana crítica, resuelve sin fundamentación suficiente y prescindiendo de la debida valoración del cuadro fáctico y normativo conducente para la solución de la causa”, debiéndose remitir los presentes autos al Juzgado de origen para que, con la integración que corresponda -distinta integración-, se dicte nuevo pronunciamiento…"

(Votos: los tres Vocales Estofán, Gandur y Posse coincidieron con el resultando; no hubo disidencia).