SAYAGO YOLANDA ASCENCIA c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA

¿Quién es el actor?

El letrado Pascual Ariño (h), por derecho propio.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Planteo de inconstitucionalidad respecto de la Ley Nº 8.851 (art. 2 y art. 4, último párrafo) y del art. 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), para permitir el embargo de fondos públicos y obtener prioridad de pago en la ejecución de honorarios profesionales de naturaleza alimentaria; se solicitó trabar embargo hasta cubrir íntegramente el crédito del actor.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al incidente de inconstitucionalidad y se declaró, para el caso concreto, la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 (último párrafo) de la Ley Nº 8.851 y del art. 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), ordenando que el proceso continúe en su estado. Se impusieron las costas por el orden causado y se diferenció pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El otro aspecto relevante de la cuestión traída a conocimiento y decisión de esta Corte, reside en la naturaleza del crédito por el cual se requiere la inconstitucionalidad en estudio. En el sub lite, se trata de los honorarios regulados a la letrada (…que) inviste incuestionablemente, en la especie, naturaleza alimentaria… (cfr. CSJT: sentencias Nº 1023, del 18/11/2005; Nº 386, del 04/5/2009; Nº 797, del 18/10/2010; Nº 361, del 21/5/2012, entre otras). Siendo ello así, entonces, surge manifiesta la irrazonabilidad de la última parte del artículo 4 de la Ley Nº 8.851 (y consecuentemente del artículo 2 de su Decreto reglamentario) en cuanto estatuye un sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o de excepción, en la medida que se circunscribe a fijar como criterio dirimente para establecer la prioridad temporal de pago de las acreencias contra el estado, el “estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva” (art. 4, último párrafo, Ley Nº 8.851)."

"Por lo tanto, ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley Nº 8.851 (“Los recursos asignados anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva”), del art. 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), del 23/5/2016, y del art. 2 de la precitada Ley Nº 8.851 (en cuanto consagra la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público)."

"En suma; no parece discutible que, en el sub examine, teniendo en cuenta las particulares circunstancias anteriormente señaladas, las normas legales en cuestión que obstaculizan el embargo de los recursos del estado, traducen una afectación irrazonable a su crédito alimentario y, por ende, lesiva al derecho de propiedad que le asiste."

¿Cómo votaron los jueces?

"HACER LUGAR al planteo de inconstitucionalidad... declarar la inconstitucionalidad, para el caso, de los arts. 2 y 4, último párrafo, de la Ley Nº 8.851, y del art. 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), del 23/5/2016."