DIRECCION DE COMERCIO INTERIOR c/ TELECOM PERSONAL S.A. s/ SU DENUNCIA

¿Quién es el actor?

Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (apoderado: Dr. Francisco J. Landivar) en representación de la Dirección de Comercio Interior.

¿A quién se demanda?

Telecom Personal S.A. (denunciante: Remonda José Ricardo).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión judicial de la sanción administrativa de multa impuesta por la Dirección de Comercio Interior por infracción a la Ley Nacional Nº 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor); en la instancia de origen se declaró la prescripción de la acción sancionatoria.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia, se declaró la nulidad de la sentencia del Juzgado de Instrucción del 1/11/2017 que había declarado prescripta la sanción, y se remitieron los autos al juzgado de origen para que, con distinta integración, dicte nuevo pronunciamiento recabando la información pertinente sobre posibles causas interruptivas de la prescripción.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El yerro sentencial es doble:

Por un lado, al aplicar el primer párrafo del art. 50 LDC en lo referente al término prescriptivo trienal, no efectuó correctamente el cómputo del plazo de prescripción. De una simple lectura de autos se evidencia que entre la fecha 12/3/2015 de la Resolución N° 456-311-DCI-15 mediante la cual el Director de Comercio Interior aplicó sanción administrativa a la firma denunciada (fs. 23/25) y la sentencia judicial que declaró prescripta la sanción administrativa (01/11/2017) -fs. 46-, no transcurrieron los tres años de plazo señalado por el art. 50 LDC. En segundo lugar, se evidencia que el Juez a quo obvió también cotejar la producción -o no- de las causales de interrupción del plazo de la prescripción trienal establecidas en la norma."

"Resulta indiscutible que la extinción de la acción en materia punitiva es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, de modo tal que debe ser declarada de oficio en cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre la cuestión de fondo (CSJN, Fallos 311:2205), no obstante lo cual el sentenciante, previo a declararla, debe cotejar la existencia de actos suspensivos y/o interruptivos previstos en la normativa general o especial de que se trate."

"Por las razones expresadas, corresponde declarar la nulidad de la sentencia impugnada en mérito a la siguiente doctrina legal: 'Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que declara la prescripción de una sanción impuesta en un procedimiento administrativo infraccional sin realizar el cómputo del plazo prescriptivo ni cotejar efectivamente la existencia de causales de interrupción de la prescripción', debiéndose remitir los presentes autos al juzgado de origen para que, con distinta integración, dicte nuevo pronunciamiento debiendo el juez interviniente, previo al cómputo del plazo de prescripción, recabar la información necesaria respecto de la comisión de nuevas infracciones contra la firma sancionada en los registros de infractores, tanto provinciales (Dirección de Comercio Interior) como nacionales (Dirección Nacional de Defensa del Consumidor), conforme lo prevé el art. 50 de la Ley Nº 24.240 (redacción conforme Ley N° 26.994)."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia contó con la adhesión de los Dres. Antonio Daniel Estofán y Antonio Gandur; no hubo disidencia.