MORENO DE CORDOBA MARIA RAMONA Y OTROS c/ BARROS MIGUEL ANGEL Y OTROS s/ ESCRITURACION
El codemandado Alfredo León apeló y solicitó nulidad de la sentencia de mérito por supuestas irregularidades procesales (falta de intervención del Defensor de Ausentes y ausencia de instrumento de apoderamiento). La Cámara rechazó el recurso y confirmó la sentencia de fecha 01/09/2009, sosteniendo preclusión, ausencia de perjuicio concreto y ratificación ulterior del trámite por parte del Ministerio Público.
¿Quién es el actor?
Maria Ramona Moreno de Córdoba y otros (actores).
¿A quién se demanda?
Barros Miguel Ángel y otros, entre ellos Alfredo León (codemandado y recurrente).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción principal relacionada con escrituración (autos caratulados “MORENO DE CORDOBA MARIA RAMONA Y OTROS C/BARROS MIGUEL ANGEL Y OTROS S/ ESCRITURACION”).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por Alfredo León contra la sentencia de fecha 01/09/2009; la sentencia apelada se confirma en lo que fue materia del recurso. Se imponen las costas al recurrente y se reserva pronunciamiento sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Cabe señalar al respecto que tras el dictado de la providencia de fecha 23/09/08 (fs. 162) que llamara los autos para dictado de sentencia y la notificación al nulisdicente de ese acto jurisdiccional por cédula glosada a fs. 163, aquél omitió impugnar en la oportunidad procesal correspondiente el procedimiento con sustento en la causal que fundamenta su nulidad. Por el contrario, consintió dicha providencia el impugnante, lo que impide invocar tal circunstancia al plantear el recurso sub análisis, toda vez que la falencia procesal referida no ha sido denunciada en su oportunidad. En efecto, el interesado debió impugnar el procedimiento que supone viciado por ante la misma instancia en que se cumplieron los actos irregulares.- Como lo dijeran nuestros Tribunales, “la adecuada hermenéutica del art. 170 del C.P.C.(hoy art. 169), en relación con el art. 808 Procesal (hoy art. 744), necesariamente obligaba al nulisdicente a articular la incidencia de nulidad en primera instancia a efectos de subsanar el vicio que pretende plantear en la Alzada por ser aquélla la vía procesal idónea a ese fin”.- En consecuencia, no habiéndolo hecho le es imputable la no reparación de tal falencia en la instancia en que se cometió. Ello veda la admisibilidad del recurso conforme a la limitación estatuída en el art. 808 (hoy art. 744) precitado in fine (a contrario sensu).(Cf.: CCCC-Sala Ia., sent. n° 54 del 05/04/94).- Los posibles errores de procedimiento anteriores al dictado de la sentencia han quedado a esta altura convalidados por la demandada al no haber hecho valer como se dijera anteriormente en tiempo oportuno y por la vía y forma que corresponda.- El principio de preclusión procesal así lo determina.- Como expresa Palacio, “el proceso se halla articulado en diversos períodos o fases dentro de cada uno de los cuales deben cumplirse uno o más actos determinados, con la consecuencia de que carecen de eficacia aquellos actos que se cumplen fuera de la unidad de tiempo que les está asignada”. “ Por efecto de la preclusión, adquieren el carácter de firmes los actos cumplidos dentro del período o sección pertinente, y se extinguen las facultades procesales que no se ejercitaron durante su transcurso” (Palacio, Lino E. “Manual de derecho Procesal Civil”, II Edición actualizada, Bs. As. ,Abeledo Perrot, 1995, pág. 70/71). En consecuencia, no es admisible que con posterioridad se reproduzcan las ya deducidas, o se deduzcan otras que no fueron planteadas en su momento.-"
"Para la procedencia de la declaración de nulidad por vía recursiva es necesario que exista un concreto perjuicio que no pueda reparase por otra vía. En la especie tal perjuicio no existe ya que no se advierte el agravio producido al codemandado Alfredo León por medio del vicio invocado por su apoderado. En efecto, corrido el traslado de la demanda a ese coaccionado, aquél se apersonó en la causa por medio de letrado apoderado a fs. 84/85; de lo que se infiere que su derecho de defensa no se vio perjudicado en modo alguno por el defecto de forma que ahora invoca. Resulta aplicable la doctrina legal sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia en el sentido que “la exigencia del interés cubre, también, la posibilidad de declarar la nulidad absoluta. Cuando de ella se trata, tampoco es admisible declarar la nulidad por la nulidad misma, pues para hacerlo, el vicio del acto tiene que haber interferido en los fines del proceso. Es que aún la insubsanabilidad y la declaración de oficio de una nulidad no conducen sin más a la indefectibilidad de esa declaración, sino que ésta queda subordinada a la existencia de un interés en hacerla. No existe, dentro de nuestro ordenamiento, un sistema de nulidades puramente formales” (Cf.:C.S.J.T., sentencia Nº 347 del 20-05-97, “Pedraza José S. y Otros vs. Sanatorio Pasquín S.R.L. s/ Daños y perjuicios y etc.”).- Asimismo, ha expresado el Alto Tribunal que “...carece de interés legítimo en el planteo, por cuanto la posible invalidez de los actos procesales debe examinarse, en el caso, en función de la trascendencia que el pretenso vicio presentara respecto a la garantía de la defensa en juicio.- “La nulidad de los actos procesales –atento al principio de instrumentalidad de las formas- requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, por cuanto si se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia. En la especie, no se acreditó el preciso interés tutelado que se hubiera visto afectado por el acto que se pretende irregular, y la genérica mención del ejercicio de la defensa en juicio es insuficiente para demostrar, según lo considerado, el concreto perjuicio que se habría causado al imputado”(Cf.:C.S.J.T., sentencia Nº 461 del 12-06-97, “Ullua Daniel H. S/ Violación reiterada”).-"
Adicionalmente, el tribunal sostuvo que la omisión de firma y la falta de instrumento de apoderamiento se convalidaron por no haber sido impugnadas oportunamente y por haberse expedido certificado para litigar sin gastos y la designación de la Dra. Moreno como representante (res. 02/06/2008, fs. 152). También se consideró que el Defensor Oficial ratificó el trámite al apersonarse y contestar demanda (v. fs. 198 bis), conforme art. 747 CPCC.
¿Cómo votaron los jueces?
unanimidad (Dres. Ricardo Molina y Alberto Martín Acosta adhieren al voto mayoritario).
Fechas y referencias procesales relevantes: Sentencia apelada de fecha 01/09/2009 (fs. 165/166); resolución de la Cámara de fecha 23/10/2013; providencia que llamó a dictado de sentencia 23/09/2008 (fs.162); actuación del defensor y contestación en fs. 198 bis; apersonamiento del codemandado a fs. 84/85; beneficio de litigar sin gastos resolución 02/06/2008 (fs.152).
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