VALDEZ MANUEL FERNANDO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO

¿Quién es el actor?

Manuel Fernando Valdez.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (Poder Ejecutivo provincial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita que el Poder Ejecutivo publique en el Boletín Oficial y reglamente la Ley N° 8.895 (Ley de Tiempo de Espera) para hacer efectiva la tutela del trato digno a consumidores y usuarios.

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación, casó íntegramente la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 25/10/2017 por arbitrariedad en la fundamentación y remitió autos a la Cámara para que, por la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento. Impuso costas en esta instancia por el orden causado y reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Como se advierte de la sola lectura, tal aseveración luce dogmática pues carece de fundamentos suficientes. Correspondía a la Cámara explicitar las razones en mérito a las cuales concluyó que, en las concretas circunstancias del caso, el actor no es “afectado” en los términos del art. 43 segundo párrafo CN. En otras palabras, la sola transcripción de algunas consideraciones del caso “Halabi” resulta insuficiente para explicar por qué el actor no exhibe la representación colectiva establecida en la referida disposición constitucional."

"La decisión atacada ha omitido una completa y razonada ponderación de los recaudos que hacen viable una acción colectiva en los términos de la doctrina sentada por la CSJN en el precedente “Halabi”, tantas veces aludida por el Tribunal de grado. En otras palabras, el pronunciamiento impugnado no ha examinado y consecuentemente no ha decidido fundadamente el punto de la legitimación del actor en tanto que “afectado” (arg. art. 43, segunda parte, C.N.), y ello determina la descalificación del fallo atacado a la luz de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia establecida por esta Corte."

"Lo hasta aquí expresado resulta suficiente para evidenciar que la sentencia impugnada incumplió con el deber de fundamentación que le imponen los arts. 18 de la Constitución Nacional, 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 40, 264 y 265, inc. 5° CPCyC, aplicables supletoriamente por remisión del art. 89 CPA. Tal déficit determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia. En consecuencia, corresponde Casar íntegramente la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del 25/10/2017 (fs. 105/110 y vta.) en base a la siguiente doctrina legal: “Es arbitraria y por ende nula la sentencia que carece de fundamentos suficientes”, y Remitir los autos a la Cámara a fin que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento."

¿Cómo votaron los jueces?

unanimidad de los tres Vocales (doctores Claudia Beatriz Sbdar, René Mario Goane y Daniel Oscar Posse), que adhieren a los fundamentos citados.