JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

GRUPO NETWORK S.R.L. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. s/ NULIDAD/REVOCACION

La actora promovió demanda de nulidad contra resoluciones administrativas de la DGR y del Ministerio de Economía que impusieron clausura y multa por falta de registración laboral. La Cámara hizo lugar a la demanda, declaró nulas las Resoluciones N° C 799/10 y N° 34/ME/11 por vulneración del derecho de defensa, falta de apertura a prueba y por incompetencia de la DGR en materia de policía laboral, además de la irrazonabilidad de la clausura impuesta.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Sala 1 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Sala 1
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
36410
Derecho de defensa Nulidad Razonabilidad Clausura Incompetencia Apertura a prueba Contencioso administrativo Servicio de radiodifusion Multa tributaria Poder de policia laboral

¿Quién es el actor?

Grupo Network S.R.L. (representada por Rafael Bulacio Paz, socio gerente).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (Dirección General de Rentas y Ministerio de Economía).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la Resolución N° C 799/10 (DGR) y de su confirmatoria Resolución N° 34/ME/11 (Ministerio de Economía), que impusieron clausura por 10 días y multa de $30.000 por falta de registración de seis personas.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda; se declararon nulas ambas resoluciones administrativas; se impusieron las costas a la demandada; se reservó pronunciamiento sobre honorarios. Voto unánime de los Sres. Vocales Ruiz y Castellanos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Sobre la violación del debido proceso por omisión de apertura a prueba:

"Del texto del artículo 107, en su redacción vigente al momento de los hechos que se tratan, se desprende que para la administración, el permitir el desarrollo de la etapa de prueba no es una facultad o una liberalidad que puede o no conceder al administrado, sino que, frente a la existencia de hechos contradichos y al ofrecimiento de prueba adecuada de parte del contribuyente, tal etapa en el trámite se torna para ella necesaria e ineludible y su ausencia compromete seriamente la validez del procedimiento."

"habiendo ofrecido el contribuyente un medio de prueba válido, conducente a los fines del esclarecimiento de la comisión o no de la infracción que se le imputa y, sobre todo, consecuente con parte de los argumentos defensivos desplegados en su descargo; se erigía como un deber ineludible para el Fisco el abrir a prueba el procedimiento y procurar su producción."

"la actitud contraria a tal obligación genera, sin lugar a dudas, la vulneración del derecho de defensa de la actora por no haberse incorporado, o si se quiere, no haber permitido la incorporación al procedimiento administrativo de prueba conducente y debidamente ofrecida. El procedimiento sin la observancia de tales premisas u obviando el respeto a las garantías que lo impregnan, aparece endeble y se hace merecedor de la sanción de nulidad."

2) Sobre la incompetencia en materia de policía laboral:

"Del examen de todo el plexo normativo aplicable al subiudice no se advierte que se haya dictado o esté en vigencia alguna disposición legal por la que se haya desplazado la competencia del poder de policía laboral o del trabajo del órgano específico de la Secretaría de Trabajo a la DGR, ni lo contempla el Código Tributario Provincial."

"De tal forma, la posibilidad de verificación o inspección en la materia de policía laboral o del trabajo (en el caso la correcta registración laboral de empleados en relación de dependencia), se encuentra fuera de la esfera específica de competencia asignada al Fisco local, atribuciones estas establecidas expresamente por la ley vigente a la Secretaría de Estado de Trabajo."

3) Sobre la irrazonabilidad del monto de la sanción y la afectación de un servicio de interés público:

"ostentando la actividad desplegada por la actora la antedicha condición, el sancionarla con la extensión que se lo ha hecho en la especie (sobre todo en lo que respecta a la clausura por 10 días que se dispone en su contra), implica claramente una grave afectación en referencia a la prestación de un servicio declarado expresamente por la Ley de interés para la comunidad... graduar la sanción en el máximo previsto por la norma sin tomar mínimamente en consideración un elemento esencial a tal fin, cual es la naturaleza y trascendencia de la actividad desplegada por el contribuyente, torna a la tal penalidad claramente irrazonable y excesiva."

¿Cómo votaron los jueces?

Ambos Vocales (Dr. Salvador Norberto Ruiz y Dr. Horacio Ricardo Castellanos) votaron en idéntico sentido; no hubo disidencia.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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