MORALES MIGUEL GUSTAVO c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO
El accionante promovió acción de amparo por omisión del Poder Ejecutivo para implementar Juzgados de Ejecución Penal creados por la Ley 7.705. La Cámara declaró la incompetencia activa del actor por falta de legitimación y rechazó el amparo, considerando además que la puesta en marcha de esos juzgados depende de decisiones y asignaciones presupuestarias del Ejecutivo y de otras normas posteriores que impiden su materialización.
¿Quién es el actor?
Sr. Miguel Gustavo Morales, quien dice actuar en su carácter de defensor técnico de internos penados.
¿A quién se demanda?
Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de amparo por omisión para que se fije plazo perentorio e improrrogable al Ejecutivo provincial para convocar concurso de antecedentes y oposición y asignar partidas a fin de cubrir los cargos de Jueces de Ejecución Penal para los centros judiciales de Capital y Concepción (implementación de la Ley 7.705).
¿Qué se resolvió?
Se declaró la inconstitucionalidad del artículo 57 de la Ley 6.944 para reconocer la competencia del Tribunal; pero, por mayoría, se rechazó la acción de amparo por falta de legitimación activa del actor y, subsidiariamente, por improcedencia de sustituir la función del Ejecutivo en materia presupuestaria y de organización; se impusieron costas al actor y se regularon honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El amparista se dice legitimado en su condición de defensor técnico de internos penados, más estimo que dicho carácter –que debo señalar, no llega siquiera a probar en autos–, no le habilita a los fines de intentar la presente acción; ello pues tal invocación no sirve a los fines de acreditar la existencia de una interés diferenciado del que puede seguirse un caso contencioso hábil para instar un pronunciamiento judicial... El carácter que invoca (lo cual, de otra parte, no surge de ninguna probanza de autos), no genera a su respecto sino un interés simple, entendido como aquel en que el individuo procura el cumplimiento de una ley o la realización del orden público, pero sin encontrarse afectado de una manera directa o particular."
"En otros términos, al haberse suprimido el artículo de creación de los juzgados antes de que éstos fueran puestos en funcionamiento, de la propia estructura interna de la ley, que ata su entrada en vigor al nombramiento de los Magistrados en los juzgados que se crean, se sigue la imposibilidad de su materialización, justamente pues se ha derogado la disposición que instituía los Juzgados de Ejecución Penal."
"Por todo lo expuesto voto por acoger favorablemente la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la Provincia, y en consecuencia, rechazar la presente acción de amparo."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que abre la sentencia fue el del Dr. Salvador Norberto Ruiz (preopinante) y el Dr. Horacio Ricardo Castellanos adhirió, por lo que la decisión fue unánime en el resultado de rechazo.
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