LOS ALUXES S.A. c/ COMUNAR RURAL DE LOS PEREYRA s/ INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Los Aluxes S.A.

¿A quién se demanda?

Comuna Rural de Los Pereyra

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se pidió que se declare la inconstitucionalidad del art. 131 de la Ley 5.637 (Contribución que incide sobre los inmuebles, CISI) y la devolución de $294.506,46 abonados desde 2010 hasta julio de 2015.

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la actora y casó íntegramente la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 08/08/2017; remitió los autos a la Cámara para que, con la composición correspondiente, dicte nuevo pronunciamiento. Las costas de esta instancia se imponen por su orden. Hay disidencia de la Vocal Dra. Claudia Beatriz Sbdar (figurada en el expediente como en disidencia).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Confrontada la crítica recursiva con la línea argumental del fallo impugnado, precedentemente reseñada, se concluye en que asiste razón al recurrente toda vez que la Cámara ciñó su análisis al carácter general de las funciones estatales que la comuna demandada pretende solventar con el tributo cuya constitucionalidad se impugna, omitiendo analizar integralmente el hecho imponible descripto en el art. 131 de la Ley 5.637 en relación a que dichos servicios deben ser recibidos por los inmuebles ubicados dentro del territorio comunal y si dichos servicios son efectivamente prestados por la Comuna. Dicho déficit determina la procedencia del planteo en examen. Así, la naturaleza impositiva que el Tribunal atribuye al tributo, basándose en que 'el hecho imponible no está constituido por un servicio que el Estado presta en forma particular al individuo que motive una erogación de su parte' luce como una conclusión desprovista de fundamentación suficiente y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional válido. Es pertinente tener presente que esta Corte viene sosteniendo que 'debe considerarse carente de adecuada motivación, y por ende alcanzada por el vicio de arbitrariedad, la sentencia que omite dar expresamente los fundamentos de su decisión, vulnerando así el principio según el cual, el pronunciamiento jurisdiccional, debe ser derivación razonada del derecho vigente con relación a las pruebas y circunstancias del caso (...)' (CSJTuc. Sentencia Nº 581 del 10/06/2015, en 'Tolosa, Rene Ramón vs. Provincia de Tucumán s/Especiales (residual)'. ...)"

"En mérito a las consideraciones efectuadas, en el caso se obserba que la sentencia incumplió el deber de adecuada motivación, lo que la descalifica como acto jurisdiccional válido, al transgredir los artículos 18 de la Constitución Nacional – que garantiza el debido proceso legal –, 30 de nuestra Constitución provincial y 264 del CPCyC – supletorio –, que imponen a los jueces el deber de motivar sus sentencias de un modo completo tratando todas las cuestiones fundamentales debatidas y cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. ... Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación en examen en base a la siguiente doctrina legal: 'Es descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia que carece de fundamentos suficientes'. En consecuencia, casar íntegramente el pronunciamiento impugnado y remitir los autos a la Cámara para que, con la composición que por turno corresponda, proceda a dictar, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento."

¿Cómo votaron los jueces?

La firma final consigna expresamente la indicación "(en disidencia)" junto al nombre de la Vocal Dra. Claudia Beatriz Sbdar; en el cuerpo del expediente obra un voto de la Dra. Sbdar que también analiza la procedencia del recurso y concluye por la admisión del mismo; sin embargo, la conformación del acuerdo aparece con una firma en disidencia. (Se consignan la existencia de votos particulares en autos.)