RODRIGUEZ MARCELO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE MONTEROS s/ AMPARO

¿Quién es el actor?

Marcelo Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez y Lidia Antonia Díaz.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Monteros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo colectivo ambiental para erradicar contaminación acústica, ejecutar obras de redes cloacales, controlar efluentes cloacales y pérdida de agua, inspeccionar y sancionar un criadero clandestino de cerdos y ejecutar tareas de control y erradicación de la contaminación ambiental en Barrio Norte y zonas aledañas de Monteros.

¿Qué se resolvió?

Se declaró abandonada la instancia por inactividad de la parte actora, se desplazó a los actores de la titularidad de la acción y se atribuyó la titularidad al Ministerio Público Fiscal; costas por el orden causado; regulación de honorarios reservada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, en razón del carácter de orden público del amparo colectivo, no resulta admisible que la terminación del proceso opere sin más, como si se tratara de cuestiones privadas (arg. Picasso - Vázquez Ferreyra, ‘Ley de Defensa del Consumidor’, Ed. La Ley, t. I, parte general, p. 590; ver también Vítolo, Daniel R., ‘Defensa del consumidor y del usuario’, Ed. Ad-Hoc, p. 451; Farina, Juan M., ‘Defensa del consumidor y del usuario’, Ed. Astrea, p. 556; Verbic, Francisco, ‘Procesos colectivos’, Ed. Astrea, p. 240). Sentado lo anterior, a modo de premisa inicial, corresponde señalar que la acción de amparo colectivo es susceptible de perimir, de acuerdo a la normativa aplicable a este particular proceso constitucional. En este sentido, el art. 13 del Código Procesal Constitucional (CPC) establece: “Una vez requerida la intervención judicial, el Tribunal actúa de oficio y con la mayor celeridad, sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento. Sin perjuicio de ello, la parte interesada tendrá a su cargo el impulso del procedimiento siendo aplicable lo establecido en el TITULO III, Actos Procesales, CAPITULO VII sobre Caducidad de la Instancia del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Tucumán. La caducidad de la instancia se operará, si no se insta el curso del proceso, en el término de 3 meses”."

"Sin embargo -continúa el alto Tribunal- “no resulta apropiado asignar a la expresión ‘abandono de la instancia’ que utiliza el art. 78, penúltimo párrafo del CPC una equivalencia directa con la expresión ‘caducidad de la instancia’ prevista en el art. 13, último párrafo del CPC; puesto que se trata de dos situaciones procesales diferentes, que requieren diferentes análisis de parte del Tribunal interviniente y que dan lugar a resultados procesales diferentes”. Explicó la CSJT que el supuesto procesal del “abandono de la instancia” supone la falta de un interés procesal concreto en la parte demandante y tiene una consecuencia legal prevista expresamente en el ordenamiento positivo: la asunción de la titularidad de la acción por parte del Ministerio Público."

"Por consiguiente, y de conformidad a la doctrina sentada por la Corte local en el precedente “Ponce” -citado arriba-, corresponde declarar el abandono de la instancia, desplazar a la parte actora de la titularidad de la acción y adjudicar dicha titularidad al Ministerio Público Fiscal, conforme artículo 78 del CPC, una vez firme que sea la presente."

¿Cómo votaron los jueces?

el dispositivo final no registra disidencias; la resolución consta firmada por los jueces Juan Ricardo Acosta, María Florencia Casas y Celedonio Gutiérrez, sin indicación de voto en disidencia.