CITROMAX S.A.C.I. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN Y OTRO s/ NULIDAD/REVOCACION
La actora Citromax S.A.C.I. impugnó la validez de la Resolución Nº 1.929/CPS/85 del SIPROSA y las sanciones administrativas aplicadas por presuntas incompatibilidades en la potestad normativa del ente. La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte provincial rechazó el recurso de casación, sosteniendo que la Ley Nº 5.652 configuró una acotada potestad normativa delegada al SIPROSA en materia de salud y medio ambiente y que no existe arbitrariedad ni falta de motivación que justifique la revocación.
¿Quién es el actor?
Citromax S.A.C.I. (parte actora).
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Tucumán y SIPROSA (Consejo Provincial de Salud u órgano rector).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad/Revocación de la Resolución Nº 1.929/CPS/85 (28-8-1985) y de medidas/sanciones administrativas aplicadas (cuestión de competencia normativa del SIPROSA, alegada delegación inconstitucional y arbitrariedad en fijación de parámetros técnicos).
¿Qué se resolvió?
La Corte, por acuerdo unánime (Góane, Sbdar y Gandur), NO HACE LUGAR al recurso de casación interpuesto por Citromax, confirmando la solución de la Cámara de lo Contencioso Administrativo; impone costas de la instancia y pérdida del depósito en proporción de ley. (Sentencia de Sala: 26-12-2013; sentencia de Cámara recurrida: 6-7-2012).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) Admisibilidad: el recurso de casación fue admitido porque fue interpuesto en término contra sentencia definitiva, con depósito efectuado y se fundó en infracción de normas de derecho y en vicio de arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica ("error in iuris iudicando"), facultando a la Sala a conocer el fondo.
2) Sobre delegación normativa y constitucionalidad: la Sala analizó el texto y contexto de la Ley Nº 5.652 (y su evolución normativa con las Leyes Nº 7.466, 8.046 y 8.240) y concluyó que, en su régimen originario, el legislador dotó al SIPROSA de "una acotada potestad normativa, circunscripta a la satisfacción de sus fines y delimitada por el margen de acción encomendado", por lo que la Resolución Nº 1.929/CPS/85 tenía base normativa y no implicó una delegación inconstitucional prohibida por el artículo 3 de la Constitución provincial. La Sala también advirtió que la política legislativa cambió con la Ley Nº 8.046 (31-3-2008), que restringió competencias, pero ello no afectó la validez de la resolución dictada en 1985.
3) Sobre arbitrariedad en parámetros técnicos y pruebas: la Cámara razonó y la Corte confirmó que no consta acreditada la inexistencia de estudios técnicos previos al dictado de la Resolución Nº 1.929/CPS/85; correspondía a la actora probar que los parámetros del Anexo I eran irrazonables para la actividad citrícola local y no lo hizo. Asimismo, la Sala sostuvo que los valores se correspondían con normas internacionales y provinciales y que la implementación gradual no fue vulnerada (la sanción cuestionada se dictó en 1997).
4) Conclusión procesal: no se advierte arbitrariedad ni violación de derechos procesales que justifique revocar lo decidido por la Cámara; por ello se rechaza la casación con costas.
Transcripción de los párrafos más relevantes (citas textuales del fallo, lenguaje original):
"Siendo objeto propio del recurso extraordinario local la valoración, por este Tribunal Cimero local, de la ponderación del referido material -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-; por todo ello el recurso en estudio es admisible; por ende, queda expedita a este Tribunal Supremo la competencia jurisdiccional para ingresar a analizar la procedencia del aludido recurso."
"La Ley 5652/84 es entonces la 'norma delegante' a que hace referencia el fallo de Corte antes citado (Cerámica San Lorenzo), y que supera cualquier escollo constitucional que pudiera oponerse a la legitimidad de la resolución 1929/CPS/85" (cfr. fs. 502).
"En mérito a lo hasta aquí considerado, concluyo que dentro de la economía del régimen originario que presidió la organización y funcionamiento del Sistema Provincial de Salud, este último... contó con la atribución específica de regular y controlar en el ámbito provincial lo relativo a la descarga y contaminación de los cursos de agua, con facultades suficientes para asegurar el cumplimiento de los fines inherentes al tópico."
Dispositivo: "I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación planteado por la parte actora... II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como están consideradas."
¿Cómo votaron los jueces?
Unanimidad (Drs. René Mario Goane, Claudia Beatriz Sbdar y Antonio Gandur). La delcaración final reproduce el acuerdo.
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