SGROI MIGUEL ANGEL Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

Sgroi Miguel Ángel y otros.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Inclusión en los haberes jubilatorios de los aumentos salariales (movilidad) dispuestos por Actas Acuerdo entre ABAPRA y la Asociación Bancaria (entre ellas de 22-12-2003, 20-01-2004, 01-05-2005, 04-04-2006 y posteriores) y pago de las diferencias correspondientes; se cuestiona además la aplicación de la Ley Provincial Nº 7.652 y prescripción.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar al recurso de casación deducido por la parte actora; se deja sin efecto la sentencia Nº 510 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (salvo lo referido a la desestimación del planteo de inconstitucionalidad de la Ley Nº 26.222) y se remiten los autos para que la Cámara dicte un nuevo fallo con arreglo a lo considerado por esta Sala. Se imponen las costas de esta instancia por el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes de la sentencia (lenguaje original del tribunal):

“Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que arriba a conclusiones decisivas prescindiendo de circunstancias fácticas conducentes para la adecuada solución de la litis”.

“De las constancias de autos se desprende que la única valoración efectuada por la Sala A quo del material fáctico del proceso fue la explicitada a fs. 917 del ‘considerando’, en estos términos: ‘Por tales motivos cabe concluir que desde el 01/09/2.005 los demandantes han visto satisfecha la garantía de movilidad de sus haberes previsionales, con lo cual la fecha del reconocimiento del mencionado adicional impide la procedencia de su reclamo. Ello por cuanto los actores no han logrado acreditar en la causa que los suplementos acordados por la Ley 7.652 sean insuficientes a los fines de abarcar los incrementos cuya incorporación a su haber jubilatorio exigen. Es que si bien requieren el pago de las diferencias que no hubieran sido absorbidas por el pago "a cuenta de futuros aumentos", no han llegado a acreditar (y ninguna de las pruebas de autos se encaminan a ello), que las sumas que se les abonan en tal concepto (situación que aparece expresamente reconocida en su escrito de inicio), sean insuficientes a los fines de alcanzar los aumentos concedidos a los agentes activos en los años 2.003 y 2.005’”.

“La pasada transcripción, en mi criterio, es por demás demostrativa que el examen que el Tribunal realizó del material probatorio de la causa fue incompleto y dogmático... No cabe duda que el Tribunal de mérito tiene la más absoluta libertad para escoger los caminos que considere más convenientes para abordar y resolver el litigio llevado a su conocimiento pero, siempre que no queden al margen de la decisión elementos que resulten necesarios para emitir un juicio fundado sobre el tema en discusión, el cual no puede realizarse sin un examen completo de los hechos, pruebas y alegaciones pertinentes introducidas en el pleito por las partes... será el nuevo pronunciamiento a dictarse quien deberá hacerse cargo expresa y particularizadamente de los mencionados elementos de prueba... y desentrañar su verdadera significación y trascendencia en el sub lite”.

También son citadas expresiones de las actuaciones administrativas que acreditan que la pretensión administrativa era más amplia de lo que entendió la Cámara (cita de fs. 53/54, 03-8-2007 y del recurso de reconsideración contra el Decreto Nº 2.268 del 30-5-2008).

¿Cómo votaron los jueces?

Votos favorables del Dr. René Mario Goane (voto que desarrolla el análisis y la declaración de nulidad), de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar (adhiriendo y agregando consideraciones sobre admisibilidad de la casación por arbitrariedad) y del Dr. Antonio Gandur (adhesión). Fallo por mayoría unánime del Tribunal.