HERRERA CAROS ALBERTO c/ ITURRE HUGO RAUL Y OROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
El actor demandó por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito contra el conductor, la Municipalidad de Trancas y una aseguradora. La Sala de Casación declaró de oficio la nulidad del decreto que llamó los autos a sentencia y de la sentencia de Cámara, por vicio insubsanable en la notificación del informe pericial médico, y remitió el expediente a la Cámara para que prosiga el trámite.
¿Quién es el actor?
Carlos Alberto Herrera.
¿A quién se demanda?
Hugo Raúl Iturre, Municipalidad de Trancas y Caja de Seguros S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios por accidente de tránsito (incapacidad temporal, incapacidad permanente, daño moral y demás rubros indemnizatorios).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la actora en cuanto a la declaración de nulidad; la Corte declaró de oficio la nulidad del decreto de fs. 574 que llamó los autos para sentencia y de todos los actos procesales posteriores dependientes de él, incluyendo la sentencia de la Cámara del 08/08/2017, y remitió el expediente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I para que prosiga el trámite según su estado. Se impusieron costas por su orden y se reservó pronunciamiento sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del tribunal):
"Al respecto esta Corte ha dicho que '…el artículo 168 del CPCC establece que no puede pedir la declaración de nulidad de un acto procesal quien lo haya consentido, expresa o tácitamente, y que se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se reclama la nulidad dentro del término que se establece, según sea el medio de impugnación que corresponda; dadas las peculiares circunstancias de la causa, resulta insoslayable atender la expresa disposición del artículo 166 in fine del CPCC, que autoriza la declaración de nulidad de oficio cuando ésta es manifiesta y deriva de la alteración de la estructura esencial del procedimiento, por ser insubsanable. Se ha sostenido que la alteración de la estructura esencial del procedimiento significa un procedimiento en el que resultan desatendidas las formas sustanciales que hacen a la estructura esencial, como ser aquéllas que afectan la garantía de la defensa en juicio; señalándose como ejemplo de ello todo lo que afecte el régimen legal de notificaciones de modo que impida ejercer la garantía de defensa en juicio (cfr. Bourguignon, Marcelo-Peral, Juan Carlos (Directores), 'Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán Concordado, Comentado y Anotado', Bibliotex S.R.L., Bs. As., 2008, Tomo I, pág. 458)'. (CSJT, 'Risso, Miguel Edgardo vs. Ortega, Ricardo Daniel s/ Cobro de pesos', sentencia Nº 351 del 14/5/2012)."
"Se advierte así un grave desvío del procedimiento previsto en la ley procesal porque, como se dijo, presentado el informe pericial médico debía correrse traslado del mismo a las partes. Pese a que el traslado se encontraba ordenado, la omisión de que dicho trámite efectivamente se cumpla respecto de la parte demandada privó a ella de la posibilidad de formular las aclaraciones y ampliaciones que autoriza el art. 349 CPCyC y, en su caso, de impugnar u observar el dictamen mediante el procedimiento previsto en citado artículo del mismo cuerpo legal. El vicio denunciado configura una alteración de la estructura esencial del procedimiento, en los términos de los artículos 165 y 166 del CPCC, aplicables supletoriamente en virtud del artículo 89 del CPA, por lo que la nulidad es absoluta, insubsanable y puede ser declarada de oficio, dado su carácter manifiesto (cfr CSJT, 'Pesoa, Julio César y otros vs. Acuña, Daniel Alberto s/ Medida preparatoria', sentencia Nº 189 del 14/3/2014, 'Ingema S.R.L. vs. Provincia de Tucumán s/ Cobro de pesos', sentencia Nº 395 del 08/5/2014, 'Villareal, Héctor Alfredo vs. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Cobro de pesos', sentencia Nº 475 del 30/6/2010, 'Ruiz, Ramón Antonio y otros vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo', sentencia Nº 826 del 26/9/2005, entre otros)."
"En mérito a lo expuesto y dado su carácter manifiesto, corresponde declarar de oficio la nulidad del decreto de fs. 574 que llama los autos para sentencia y de todos aquellos actos procesales posteriores que de él dependan o sean su consecuencia, entre ellos la sentencia del 08/8/2017, (fs. 577/583 vta.); y remitir el expediente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I para que por su intermedio a fin de que prosiga el trámite según su estado."
¿Cómo votaron los jueces?
Votaron la Dra. Claudia B. Sbdar (voto que expone fundamentos), el Dr. René M. Goane (adhiriendo salvo reparos metodológicos), y el Dr. Daniel O. Posse (conforme). El acuerdo fue por mayoría unánime en el dispositivo indicado.
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