PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ LAS CUMBRE S.A. s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas (D.G.R.) (parte actora en el recurso de casación).

¿A quién se demanda?

Las Cumbre S.A. (causa originaria: Provincia de Tucumán -D.G.R.- c/ Las Cumbre S.A. s/ Ejecución fiscal).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Incidente de nulidad contra la ejecución de honorarios regulados por sentencia (ejecución de honorarios iniciada por el letrado Eduardo Martínez Folquer); en sede extraordinaria, la Provincia cuestiona si la Ley Nº 8.851 impide dicho trámite ejecutivo y exige un procedimiento especial para el cobro de sentencias contra el Estado provincial.

¿Qué se resolvió?

La Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por la Provincia y confirmó la validez del trámite de ejecución ordenado por la jueza de primera instancia; impone costas a la recurrente en la instancia extraordinaria.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripciones relevantes (texto original del tribunal):

"Como puede advertirse, en ningún momento la Ley N° 8.851 (ni su Decreto Reglamentario N° 1.583/1 FE) obsta que un letrado pueda promover el trámite de ejecución de sentencia de sus honorarios, más allá del resultado -positivo o no- al que se arribe en dicho proceso, o las posteriores contingencias a las que pueda verse supeditado, como consecuencia de la norma referida.

Pero lo cierto es que, no existe elemento normativo alguno que impida el proceder del letrado aquí ejecutante y, por ende, que justifique la pretendida declaración de nulidad del proveído del 22/8/2016, que se ajusta a lo dispuesto por la ley ritual. Por lo que la lógica en la que se asienta el recurso de casación ut supra descripto deviene insuficiente para obtener el resultado nulidificante que, en definitiva, persigue."

Otro pasaje relevante:

"La Ley N° 8.851 y su Decreto Reglamentario Nº 1536/2016 exigen para iniciar el trámite de cobro contra el Estado provincial que se trate de una sentencia condenatoria firme, y en las particulares circunstancias del caso, existe sentencia regulatoria de honorarios que el letrado de la demandada puede ejecutar contra su parte o contra el condenado en costas, por lo que -estima el Ministerio Público- que el procedimiento para ello es el previsto en los arts. 555 y subsiguientes de la ley adjetiva civil. De todo ello se deduce que el trámite impreso por la señora Jueza a fs. 195 es correcto, no habiendo alteración del debido proceso, afectación del derecho de defensa, ni tampoco se infringió el régimen legal previsto en la Ley N° 8.851."

¿Cómo votaron los jueces?

Votaron por unanimidad los Vocales Antonio Gandur (voto preopinante), Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse; el bloque dispositivo final resolvió: "NO HACER LUGAR al recurso de casación..." y la imposición de costas a la recurrente.