VALLEJO SIXTO FIDEL c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ REPETICION DE PAGO (ORDINARIO) (INCIDENTE DE EMBARGO PREVENTIVO)

¿Quién es el actor?

Sixto Fidel Vallejo (letrado, actor ejecutante de honorarios).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas / Poder Ejecutivo provincial.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Repetición de pago / ejecución de sentencia de regulación de honorarios (Sent. N° 630/16) e incidente de embargo preventivo; planteo de inconstitucionalidad de normas provinciales (Leyes Nº 8.228, 8.826, 8.851 y Decreto Nº 1583/1 (FE) 23/5/2016) que declaraban inembargabilidad de fondos públicos y regulaban el régimen de pago.

¿Qué se resolvió?

Se declaró inadmisible (y por ende mal concedido) el recurso de casación deducido por la demandada contra la sentencia de fecha 01/03/2018 de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo; se impusieron las costas a la recurrente y se reservó pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Se transcriben a continuación los párrafos más relevantes de la sentencia (texto original del tribunal):

III.- La recurrente afirma que “la potestad de dictar las normas que regulen el pago de la deuda provincial se encuentra expresamente prevista en la CP, además de surgir de los arts. 1, 5, 121-124 de CN. No obstante ello, y sin entrar en la posible discusión doctrinaria sobre si ella resulta ser una potestad delegada, o no, a la nación, lo cierto es que las normas nacionales citadas reconocen en la provincia la potestad de adherirse, o no, al régimen nacional de inembargabilidad y al mecanismo de pago por orden cronológico. La Ley nº 8851, entonces, constituye el ejercicio regular de una prerrogativa provincial que deriva de su condición de Estado autónomo”. Sostiene que “Dicho régimen de inembargabilidad de los fondos del sector público, así como la disposición relativa al cumplimiento de sentencias condenatorias en contra del Estado, tienden a garantizar la continuidad de su funcionamiento y evitar que se altere la ejecución presupuestaria en el manejo de los recursos públicos establecidos en relación con sus respectivas jurisdicciones”.

Asevera que “la ley nº 8851 y su decreto reglamentario, constituyen la concreción normativa del ejercicio de potestades públicas propias del Estado provincial, que hacen a su 'autonomía', y que tienen por finalidad conjugar, de manera razonable, el derecho patrimonial individual del acreedor, con inembargabilidad y previsión presupuestaria, procurando que no se puedan embargar aquellos fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria, que resultan indispensables para el regular funcionamiento del Estado”.

Aduce que “El decisorio ofrece una fundamentación sólo aparente, sustentada en la mera invocación dogmática, abstracta e imprecisa de la afectación de los derechos de la interesada, reconocidos artículos 16 y 17 de la CN. No establece, de manera adecuada, la necesaria relación que debe existir entre una concreta lesión a los derechos o garantías constitucionales del letrado y la normativa provincial declarada inconstitucional. Postula, insisto, sin ofrecer un desarrollo argumental aceptable, que por el sólo hecho de tratarse de un crédito de naturaleza alimentaria, el tener que registrar la sentencia conforme al régimen previsto en la ley nº 8851, provoca una lesión al derecho de Propiedad o Igualdad”.

Manifiesta que si el letrado “hubiera inscripto su sentencia en el Registro de Sentencias hasta el 31/07/2016, su crédito ya habría sido incorporado en el ejercicio presupuestario 2017, de modo que sus honorarios, con más los intereses calculados hasta el momento del efectivo pago, ya habrían sido cobrados por el letrado durante el transcurso del año pasado”.

La recurrente expresa que “del análisis del plexo normativo surge palmario que el mecanismo de pago se inicia a instancia del acreedor, no del deudor y, efectivamente, regula un procedimiento con plazos, razonables y concatenados, que concluyen con la presentación, por parte del Poder Ejecutivo provincial, del proyecto de ley de presupuesto hasta el 31 de octubre de cada año. El apartamiento, evidente, del sentido literal y sistemático de la norma que analiza, es lo que genera la conclusión infundada a la que el fallo arriba”.

Sostiene que “De los términos del propio fallo surge que el interesado en ningún momento ha cuestionado la validez constitucional del Decreto nº 1583/1 (FE), del 23/05/16. No obstante ello, la Sentencia ha decidido pronunciarse sobre esa cuestión, sin que ello haya podido ser 'resistido' por esta representación letrada, lo que descalifica el acto jurisdiccional”.

IV.- El recurso de casación de la demandada ha sido interpuesto dentro del término previsto en el art. 751 CPCyC, invoca infracción de normas de derecho y arbitrariedad de sentencia y se ha dado cumplimiento con el requisito del depósito (cfr. arts. 750/752 CPCyC, de aplicación por remisión del art. 79 CPA).

Ahora bien, de sus términos surge que la demandada se agravia únicamente de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 8.851 y su decreto reglamentario, toda vez que no dirige cuestionamiento alguno contra lo decidido por el Tribunal en cuanto declaró inconstitucionales la Ley Nº 8.228 y todas sus prórrogas y modificatorias, incluida la Ley Nº 8.826. En consecuencia, ha quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada la declaración de inembargabilidad de los recursos del estado en las mencionadas leyes. Ello así, resultan de aplicación al sublite -en lo pertinente- los fundamentos vertidos por esta Corte en los casos “Freidenberg Alicia Beatriz vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja por casación denegada deducido por la parte demandada”, sentencia Nº 1246 del 30/8/2017 y “Paz Carlos Alberto y otro vs Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo. Incidente de ejecución de sentencia”, sentencia Nº 1741 del 10/11/2017.

A la luz de los precedentes citados, se advierte que, en cuanto al cumplimiento del recaudo de definitividad establecido en el art. 748 CPCyC, el acto judicial impugnado no constituye una sentencia definitiva ni se equipara a tal, en la medida que la sentencia que declara inconstitucional la Ley Nº 8.851 (que, como se dijo, es lo único impugnado por el recurso de casación en examen) no pone fin al juicio de ejecución ni impide su continuación, por lo que el requisito de definitividad, como propio y autónomo del recurso de casación, no se encuentra cumplido en el sub lite, sin que la invocación de la doctrina de la arbitrariedad tenga entidad para soslayar dicha exigencia, según lo tiene dicho de manera reiterada este Superior Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Del mismo modo, tampoco se configura el excepcional supuesto de gravedad institucional -que suple tal ausencia de definitividad y legitima la intervención de esta Corte- en tanto la cuestión discutida, atendiendo a la peculiaridad o particularidad del caso, en la medida que en el sub iudice no se encuentra comprometido el buen orden y recta administración de justicia y, por ende, no se verifica incidencia del tópico sobre la comunidad y la buena marcha de las instituciones.

Ello así por cuanto la cuestión acerca de si era posible, o no, en la especie, embargar los recursos del estado, fue decidida en sentido positivo por la Cámara, quedó firme y pasada en autoridad de cosa juzgada cuando declaró la inconstitucionalidad de la Ley Nº 8.228 y sus prórrogas y modificatorias. Siendo ello así, va de suyo que no se puede pretender válidamente volver a reeditar este asunto en el recurso de casación so pretexto de otra ley que nuevamente instaura la inembargabilidad de los fondos provinciales. Tal conclusión se justifica en que esto supondría que el Estado podría indefinidamente dilatar la definición del tópico de marras y la percepción de la acreencia del acreedor, habida cuenta que nada le impediría, frente a una declaración judicial de inconstitucionalidad -en el caso- de la inembargabilidad de los recursos del fisco, proceder a dictar un nuevo régimen que volviera a consagrar dicha medida de emergencia (y así sucesivamente), con lo cual el particular se vería en la permanente e ilegítima situación de tener que hacer dejar sin efecto -por parte del órgano jurisdiccional-, una y otra vez, el mentado obstáculo normativo a la viabilidad de su ejecución; lo que a todas luces se presenta inadmisible, merced a que aquella sentencia firme posee el carácter jurídico de “propiedad” en relación a su beneficiario (cfr. CSJT: sentencia Nº 742, del 12/6/2017).

Consecuentemente, el recurso es inadmisible.

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo (doctores Claudia Beatriz Sbdar, René Mario Goane y Daniel Oscar Posse) adhiriendo a los fundamentos expuestos.

Resultado concreto: Se declaró inadmisible el recurso de casación; se impusieron las costas a la recurrente; se reservó regulación de honorarios.