DIAZ TERESITA EUGENIA c/ CAMPO ALEGRE S.A s/ COBRO EJECUTIVO

¿Quién es el actor?

Teresita Eugenia Díaz (actora).

¿A quién se demanda?

Campo Alegre S.A. (locatario / demandado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo por $836.218,22 por alquileres adeudados (julio 2014 - mayo 2016) más lo que se justiprecia; la demanda identifica el rubro como intereses moratorios, y pretende imputación de pagos conforme contrato.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la calificación del pacto como cláusula penal moratoria; se rechazó la excepción de pago total; se mantuvo la reducción al 50% operada por el juez de grado sobre la multa contractual; se ordenó la ejecución por la suma resultante ($300.003,99 en la sentencia de grado) y se modificó la distribución de costas, imponiendo a la actora el 64% y a la demandada el 36%; costas de alzada por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Conforme surge con toda nitidez, (cfr. arts. 1061 CCCN y 1197 y 1198 CC) la estipulación citada se ajusta a la figura preceptuada en art. 790 del Código Civil y Comercial de la Nación, (art. 652 CC) que establece: 'La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación'."

"El error incurrido por la demandante en cuanto a la nominación del rubro reclamado (menciona intereses moratorios, cuando se estipuló claramente una cláusula penal, según lo explicado ut-supra), de manera alguna implica afectación al principio de congruencia que debe existir entre lo peticionado por las partes y lo resuelto por el Juez, toda vez que, de acuerdo al principio iura novit curia (art. 34 procesal) el Juzgador tiene la facultad de otorgar a las pretensiones o defensas de las partes la calificación legal que corresponde..."

"El art. 794 del CCCN (anterior art. 656 CC) consagra la inmutabilidad de la cláusula penal, basado en la autonomía de la voluntad, sin embargo dicho principio tiene su excepción, prevista en la segunda parte del mismo artículo, donde se faculta a los jueces a reducir las penas cuando su monto sea desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta el valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor."

"La sentencia atacada no se ajusta a los parámetros precitados, por lo que el recurso debe ser receptado en este aspecto... la resolución atacada acoge parcialmente la pretensión esgrimida en la demanda por la suma de $303.003,99, habiendo reclamado la actora en autos la suma de $836.218,22... De tal manera, tal como lo plantea el recurrente la acción prospera aproximadamente en un 36% y es rechazada en el 64% restante, resultando las partes vencedoras y derrotadas en tales proporciones, por lo que las costas deben distribuirse en la misma forma."

¿Cómo votaron los jueces?

No se consignan votos en disidencia en el pronunciamiento publicado; el dispositivo final refleja el acuerdo del Tribunal.