VEGA VILMA INES c/ CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA - WALMART s/ SUMARIO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Vilma Inés Vega.

¿A quién se demanda?

Cordial Compañía Financiera S.A. (apoderado: José Humberto Salina en apelación).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reparación por daño patrimonial y moral, multa civil/daño punitivo por haber sido informada incorrecta o tardíamente en la central de deudores del BCRA; además reclamo de reembolso por un pago.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia de primera instancia (n.º 625/14/09/2023) que hizo lugar parcial a la demanda: condenó a la demandada al pago de $200.000 por daño moral y $222.222,22 por daño punitivo; rechazó la petición de reembolso por $5.400; impuso costas a la apelante y dejó regulación de honorarios para su oportunidad. Asimismo precisó que la suma fijada en concepto de multa civil devengará intereses a la tasa activa cartera general de préstamos del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de firmeza de la sentencia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En consecuencia, valorando la posición asumida por la propia apelante al contestar demanda, como así también la documental aportada, se arriba a la conclusión de que el dictamen pericial no se encuentra justificado en los antecedentes del caso, lo que bien pudo ocurrir por carecer el mencionado auxiliar de justicia del legajo base de los préstamos, circunstancia a la que el propio perito hace mención en la pericia (cfr. dictamen pericial del 05/12/2022).

Vale destacar que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la actora sí impugnó este punto de pericia, aunque luego el trámite de impugnación no concluyó. Por lo que mal podría tenérsela por conforme con la valoración del profesional en este punto.

Por otra parte, no llega aquí en disputa que la actora dejó de ser informada como deudora a la central del BCRA a partir del mes de mayo de 2021 (cfr. informe Veraz adjuntado con la contestación de demanda, del 28/04/2022).

A partir de ello, resulta un hecho innegable -tal como lo afirma la sentencia de grado- que Cordial incurrió en una conducta antijurídica reprochable, al demorar injustificadamente casi un año en actualizar la información crediticia de la actora, cuando dicha obligación le viene impuesta como sujeto activo del sistema financiero. Ello priva de fundamento al argumento recursivo de la accionada, referido a que su actuación habría respetado en todo momento la normativa vigente, por lo que corresponde su rechazo."

"Las razones que determinaron la confirmación de la responsabilidad atribuida a la accionada por la conducta que se le enrostra, se actualizan para rechazar sus críticas a la condena indemnizatoria por el daño moral ocasionado a la actora; a las que me remito. Sobre esta cuestión, es preciso tener presente que la información errónea suministrada por una entidad financiera, dando cuenta de un incumplimiento inexistente, afecta injustamente el honor y el buen nombre comercial de una persona desde el momento en que es provocada y tal comunicación aparece en el sistema (“Veraz”). Por lo tanto al rozar una esfera íntima de una persona inserta en un medio económico y social moderno inflige daño patrimonial y moral desde el momento mismo de la comisión del acto ilícito (de la Sala III de esta Excma. Cámara, in re “Arévalo José Antonio c/Banco Columbia SA s/ daños y perjuicios”, sentencia n° 363 del 29/07/2016, Dres. Ibáñez - Acosta)."

"La finalidad de los daños punitivos es doble: sancionatoria y disuasoria. Se busca imponer una multa civil al proveedor del bien o servicio que actúa desaprensivamente con respecto al consumidor, a fin de que cese en su obrar lesivo, en el caso concreto y en lo sucesivo. De allí que considera factores tales como la persistencia en el desconocimiento de los derechos consumeriles, la posición de superioridad contractual, y el beneficio ilícitamente obtenido con su obrar reprochable.

En el caso de autos, conforme las probanzas reunidas y ya analizadas, queda claro que frente al cumplimiento de la actora, la entidad financiera accionada eludió sus obligaciones, al no informar en tiempo oportuno su nueva situación crediticia al BCRA, retrasando su cumplimiento durante casi un año.

La conducta descripta luce reñida con el deber de trato digno que imponen los Arts. 42 de la CN, 8 bis de la LDC y 1.097 del CCCN. ... El destrato y la negativa observada a lo largo de todo el proceso judicial, -ameritan -en mi opinión- la condena a título de daño punitivo peticionada en la demanda (y concedida por la sentencia de instancia) con un rigor disuasivo de intensidad ejemplificadora."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto mayoritario de la Sra. Vocal Dra. Laura A. David (preopinante) y adhesión del Sr. Vocal Dr. Álvaro Zamorano; la sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal y se resolvió conforme al dispositivo final. No hubo disidencia que afecte el resultado.