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Cámara de Apelaciones

ROJANO MAXIMILIANO JESUS c/ ERLIOTTE CARLOS ADRIAN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

El actor demandó por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito contra el chofer, la empresa propietaria del camión y su aseguradora. La Cámara hizo lugar parcialmente a las apelaciones y modificó la cuantificación y modo de determinación de los daños materiales y de la privación de uso, condenando a Translucom SRL, al Sr. Erliotte y extensivamente a Boston Seguros al pago de lo que se determine en ejecución y $8.750 por privación de uso.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 1 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 1
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
1785/13
Accidente de transito Responsabilidad objetiva Danos materiales Gastos de reparacion Privacion de uso Actualizacion en ejecucion Intereses Translucom srl Boston compania argentina de seguros Imputacion concurrente (70%/30%)

¿Quién es el actor?

Maximiliano Jesús Rojano.

¿A quién se demanda?

Carlos Adrián Erliotte (chofer), Translucom SRL (titular dominial del camión) y Boston Compañía Argentina de Seguros SA (aseguradora).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios por accidente de tránsito ocurrido el 18/10/2012 — gastos de reparación del vehículo, desvalorización y privación de uso.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación y se modificó parcialmente la sentencia de primera instancia únicamente en la cuantificación y forma de determinación de los gastos de reparación y de la privación de uso. Se condena a Translucom SRL y al Sr. Erliotte, y se hace extensiva la condena a Boston, a pagar el monto de gastos de reparación que se determinará en ejecución y la suma de $8.750 por privación de uso, más intereses en la forma indicada, en el plazo de diez días.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De modo que la situación macro antes descripta y las particularidades apuntadas que presenta el caso, me compelen a diseñar una solución a su medida, en orden a arribar a una solución razonablemente fundada con perspectiva constitucional y convencional, en orden a lograr la reparación plena que asiste al actor, en lugar de una suma depreciada por el paso del tiempo y el contexto inflacionario señalado (arts. 1, 2, 3, 772, 1.740 y cc CCCN). Lo expuesto, en el entendimiento que asiste al juez la facultad de valorar las circunstancias socioeconómicas en que se planteó la demanda y la realidad existente al momento del dictado de la sentencia, a los efectos de que la misma cumpla con su finalidad, cual es la de impartir justicia (cfr. Preámbulo de la Constitución Nacional). No siendo dable fallar de espaldas a la realidad, sino antes bien, de frente a la misma, conforme lo sostenido por el célebre Augusto Mario MORELLO en su obra "La justicia de frente a la realidad" (Ed. Rubinzal Culzoni, 2002). Por lo mismo, considero que cristalizar en esta instancia del trámite procesal el valor de los repuestos necesarios para la reparación y de la mano de obra necesaria para ello, no resulta conveniente, siendo mas apropiado -por similares razones- diferirla para la etapa de ejecución de sentencia; debiendo librarse en esa oportunidad nuevos oficios a la persona de la cual emanó el presupuesto tenido en cuenta por la sentencia de grado para establecer los montos a valores vigentes a la época más cercana al pago, comprensivo de los mismos items o conceptos informados..."

"En definitiva, en el contexto señalado, se valora como razonable reducir a la tercera parte el monto acordado por la sentencia de grado, esto es, $12.500, al que deberá realizarse una reducción del 30% en atención a la forma en que quedó determinada la responsabilidad, lo que arroja un total de $8.750, a la fecha del hecho. A esta suma deberán adicionarse los intereses que resulten de aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que fija el Banco de la Nación Argentina hasta el total y efectivo pago, aspecto éste ultimo no controvertido."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia se dictó por mayoría (Dres. Álvaro Zamorano y Marcela Fabiana Ruiz votaron a favor; la Dra. Laura A. David figura como tercera vocal pero el acuerdo se resolvió por coincidencia entre primer y segundo votante). No se registran votos en disidencia en el acuerdo final.

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