GALUP ESTEFANIA ANTONELLA c/ CAJA DE SEGUROS S.A. s/ AMPARO
La actora promovió amparo contra Caja de Seguros S.A. por el incumplimiento de la Obligación Legal Autónoma derivada del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil. La Cámara hizo lugar a la apelación, revocó la declaración de caducidad dictada en primera instancia y ordenó devolver las actuaciones al juzgado de origen para que se provea la contestación de la demanda, fundando su decisión en la tutela del consumidor equiparado y en la falta de impulso eficaz del traslado a la aseguradora.
¿Quién es el actor?
GALUP ESTEFANIA ANTONELLA (actora).
¿A quién se demanda?
CAJA DE SEGUROS S.A. (aseguradora).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo para obtener el cumplimiento de la Obligación Legal Autónoma del Seguro Obligatorio de RC Automotor (gastos sanatoriales y de sepelio).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de apelación de la actora y se revocó la sentencia de fecha 18/09/2018 que había declarado la caducidad de la instancia; se impusieron costas en ambas instancias a la parte demandada, se reservó regulación de honorarios y se devolvieron los autos al juzgado de origen para que se provea la contestación de la demanda.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El Seguro Obligatorio de RC Automotor fue incorporado por el art. 68 de la ley de Tránsito, 24.494 , y establece: Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes. Se incorporó así la figura de la Obligación Legal Autónoma, que de acuerdo a reglamentado por la SSN por Resolución n° 34.225/09, cubre los siguientes conceptos: 1. Gastos Sanatoriales por persona hasta pesos treinta mil ($ 30.000). 2. Gastos de Sepelios por persona hasta pesos dieciséis mil ($16.000). Los gastos sanatoriales y de sepelio serán abonados por la Aseguradora al tercero damnificado, a sus derechohabientes o al acreedor subrogante dentro del plazo máximo de cinco (5) días contados a partir de la acreditación del derecho al reclamo respectivo, al que no podrá oponérsele ninguna defensa sustentada en la falta de responsabilidad del Asegurado respecto del daño."
"A la luz de lo expuesto en el apartado precedente, consideramos que a la actora -consumidor equiparado- debió serle reconocido el derecho que consagra el artículo 53 de la ley de defensa del consumidor que dispone: '...las acciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita....' Consecuencia de lo expuesto, es que no debió ponerse cortapisas al cursado de la cédula de notificación a la aseguradora demandada, ni poner en situación a la actora de gestionar el beneficio para litigar sin gastos (ver providencia de fecha 28/12/2017, obrante a fs. 39)."
"Por ello, sin perjuicio de lo antes dicho en el sentido que no debió ponerse obstáculo alguno al cursado de la cédula desde un primer momento, lo concreto en el caso es que pese a que se proveyó el bono de movilidad exigido y a que se removió cualquier impedimento al respecto a través de la concesión provisional del beneficio para litigar sin gastos, se persistió en la omisión de confeccionar la cédula de notificación a la parte demandada. En ese contexto, el decreto de fecha 28/12/2017 consideramos que tuvo eficacia impulsiva del procedimiento, pues removía todo obstáculo para que se confeccione la cédula. Ergo, si el plazo de caducidad se computa desde esa fecha y hasta el día 06/04/2018, fecha en que se presentó el escrito dando cuenta que se habían satisfecho las diligencias para la obtención del beneficio para litigar sin gastos, reiterando el pedido de libramiento de la cédula a la parte demandada (ver fs. 54), concluimos que no transcurrió el plazo de tres meses para que se opere la caducidad de la instancia."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto mayoritario que resolvió revocar la caducidad fue el del Sr. Vocal Dr. Augusto Fernando Ávila, acompañado por la Dra. Marcela Fabiana Ruiz; la Dra. Laura A. David votó en disidencia proponiendo confirmar la caducidad.
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Leyes que cita
- Ley 24.240Defensa del consumidor
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