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Cámara de Apelaciones

PEREZ CARMONA MARIA DEL CARMEN c/ HERRERA RAUL FERNANDO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

La actora promovió demanda por daños y perjuicios contra Herrera y otros, reclamando diversas partidas indemnizatorias y costas. La Cámara declaró la nulidad de las resolutivas VI a XI de la sentencia del 30/05/2023 por defectos en la conformación de la base regulatoria y ordenó que la jueza de grado practique nueva regulación de honorarios conforme a lo considerado.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 2 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 2
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
2580/19
Danos y perjuicios Honorarios Base regulatoria Nulidad oficio Art. 225 cpcc Art. 764 cpcc Costas Regulacion de honorarios Resarcimiento $1.698.744 88 Civil y comercial

¿Quién es el actor?

PEREZ CARMONA MARIA DEL CARMEN (actora).

¿A quién se demanda?

HERRERA RAUL FERNANDO y OTROS (incluye El Limón SRL).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios (daños materiales, privación de uso, daño moral) y regulación de costas y honorarios.

¿Qué se resolvió?

Se declaró de oficio la nulidad de las resolutivas VI a XI de la sentencia de fecha 30/05/2023 y de las actuaciones que sean su consecuencia; se ordenó que, radicados nuevamente los autos en la instancia inferior, la Sra. Juez a quo practique una nueva regulación de honorarios a profesionales y peritos conforme a las pautas de la sentencia firme pero calculando adecuadamente la base regulatoria; se impusieron costas por el orden causado y se reservó pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En cuanto a la pretensión deducida, hace lugar parcialmente a la misma “por la suma de $1.698.744,88, con más los intereses conforme lo analizado en cada rubro”. Los rubros admitidos son: daños materiales: $1.646.744,88; privación de uso: $12.000; daño moral: $40.000, con más los intereses que se fijan en cada caso.

Y respecto de los estipendios, al abordar la fijación de los mismos, la sentenciante expresa que la base regulatoria debe estar conformada “por el monto por el cual prospera la demanda $1.698.744,88”; al cual dice añadir los intereses fijados (8% anual) -que no consigna- respecto del daño moral; lo que no hace en cambio con las restantes partidas indemnizatorias; tras lo cual arriba a un monto total de $5.000.241,01 que finalmente fija como base regulatoria.

Examinados los cálculos que se dice haber realizado se advierte que tal como señala la parte apelante en su planteo, la base regulatoria obtenida resultaría muy superior a la debida, y por otra parte, que la misma no guarda correspondencia con las propias decisiones y consideraciones de la sentenciante; lo que lógicamente impacta de igual modo en los honorarios fijados."

"Tal déficit, evidencia que no se han observado adecuadamente las prescripciones del art. 39 inc. 1° de la ley arancelaria local, lo cual debe ser corregido, so pena de incurrir en un excesivo rigor formal, olvidando que la ley de procedimientos tiene por finalidad brindar una garantía para la mejor administración de justicia y no para subordinar lo sustancial a lo meramente formal, pues el derecho procesal no puede ser objeto de una interpretación cuya rigidez se desentienda de los principios o valores comprometidos, lo que ocurriría de viabilizar el cobro de honorarios que superan holgadamente los debidos, si se atienden las normas arancelarias que se invocan y dicen aplicar."

"Conforme lo considerado, corresponde declarar de oficio la nulidad (art. 225 CPCC) de las resolutivas VI, VII, VIII, IX, X, XI de la sentencia de fecha 30/05/2023 y de las actuaciones que sean su consecuencia. Y en sustitutiva disponer que firme la presente y radicados nuevamente los autos en la instancia inferior, a los fines de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y la doble instancia, proceda la Sra. Juez a quo a practicar una nueva regulación de honorarios a los profesionales y peritos intervinientes, de acuerdo a las pautas y parámetros ponderados en la sentencia dictada el 30/05/2023, que se encuentran firmes por no haber sido cuestionados por los interesados, aunque aplicados sobre la base regulatoria que deberá conformar y calcular con adecuación a las constancias de la causa y prescripciones legales (art. 39 inc. 1 Ley 5480)."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia indica que fue dictada por dos miembros del Tribunal por existir coincidencia de votos entre el primer y segundo votante; el dispositivo final es el que manda.

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