ZAMORA, FRANCISCO MANUEL c/ CORDOBA, MARIA CECILIA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

ZAMORA, FRANCISCO MANUEL (actor en la causa de daños y perjuicios, Expte. Nº 3531/15).

¿A quién se demanda?

CÓRDOBA, MARÍA CECILIA y otro (demandados en la causa de daños y perjuicios).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pretensión de daños y perjuicios (causa principal caratulada “ZAMORA, FRANCISCO MANUEL C/ CÓRDOBA, MARÍA CECILIA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”).

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto por el letrado Gustavo Federico Uro Greco contra la providencia de fecha 18/10/2023; prevenir y recomendar al abogado desempeñar su profesión con probidad y buena fe; dejar sin efecto la providencia de fecha 18/10/2023 y tener por cumplida la providencia de fecha 03/03/2023. Sentencia dictada por coincidencia de votos entre primer y segundo votante.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"3. Las prácticas tribunalicias ni las costumbres son derogatorias de un texto expreso de la ley nacional (art. 288, CCCN), de jerarquía constitucional superior a una ley local (art. 170, CPCC). Competencias legislativas del Congreso de la Nación y de las legislaturas provinciales. Supremacía de la Constitución. En el inc. 12 de su art. 75, nuestra Constitución Nacional, como consecuencia de la coexistencia de los dos órdenes de gobiernos propios del sistema federal (nacional y provincial), distribuye las competencias legislativas de cada uno de ellos. Así, mientras el dictado de los códigos de fondo (entre ellos, el CCCN) corresponde al Congreso de la Nación, es competencia de las legislaturas provinciales el dictado de los códigos procesales.

Esta peculiar situación permite la contradicción existente entre el art. 288 del CCCN, que exige “firma digital” como requisito de existencia de los “instrumentos generados por medios electrónicos”, y el art. 170 del CPCC, que autoriza al “patrocinado” a actuar con una “imagen digitalizada” (copia escaneada) de su firma ológrafa. Está claro que la legislación sobre la “firma”, sea esta ológrafa o digital, como requisito de existencia de todo acto jurídico es materia del derecho sustancial y no procesal, y por lo tanto, propia y exclusiva del CCCN y no del CPCC.

Ahora bien, ¿qué debemos hacer los jueces ante tal situación? Con una lógica irrefutable, la cuestión fue zanjada ya hace mucho tiempo por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el famoso caso Madison vs. Marbury, pilar fundamental del principio de supremacía de la Constitución y del control de constitucionalidad, seguido rigurosamente por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, como intérprete último de la Constitución Nacional. En aquella ocasión, la Corte norteamericana, sobre la base del voto de John Marshall (Chief Justice), dijo: “En el caso de una ley contraria a la Constitución, si ambas, la ley y la Constitución, se aplican a un caso particular, la justicia debe decidir ese caso ya sea de acuerdo a la ley desatendiendo a la Constitución, o bien conforme a la Constitución sin tener en cuenta la ley: debe determinar cuál de las dos normas gobiernan el caso: esto es de la esencia del Poder Judicial. Entre esas alternativas no hay término medio: o la Constitución es la ley suprema o no lo es” (Supreme Court of the United States, 24/02/1803, 5 U.S. 137).

Consecuentemente, mutatis mutandis, sobre la base de lo dispuesto en el art. 31 de la Constitucional Nacional, en caso de una ley superior (CCCN) contraria a una ley inferior -y en violación a la competencia legislativa otorgada por la Constitución- (CPCC), ambas aplicables al caso particular, los jueces debemos decidir aplicando la ley superior desatendiendo la ley inferior, no habiendo alternativa o término medio posible. En otras palabras, en el caso concreto, a los jueces no nos queda otra alternativa que aplicar el art. 288 del CCCN, desatendiendo el art. 170 del CPCC, que viola competencia legislativa nacional.

El hecho que otros tribunales hayan decidido de otra manera, así sean todos los demás tribunales de la Provincia, no nos obliga a hacer lo mismo a los integrantes de esta Sala, quienes, al asumir nuestros cargos, hemos jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional.

Por lo demás, una exigencia de la máxima trascendencia jurídica como lo es la firma, como requisito para la expresión de la voluntad instrumental, indispensable para la existencia misma del acto, no puede tenerse por cumplida en un expediente digital mediante copias digitales (escaneadas) de un escrito físico y de una firma ológrafa, sin que se cumpla con lo dispuesto por el art. 288 del CCCN y el art. 2 de la Ley Nº 25.506."

"5. Deber de probidad y buena fe. Que el recurrente, abogado Gustavo Federico Uro Greco, falta a la verdad cuando sostiene que “la conminación no tenía un plazo”, pues, basta cotejar la providencia de fecha 03/03/2023 para comprobar que se le otorgó a la parte actora un plazo de 5 (cinco) días para presentar el escrito digital del recurso con firma digital y en formato PDF texto, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.

Por lo tanto, para desterrar prácticas que no condicen con el ejercicio de la dignísima profesión de abogado, asimilada a la de los jueces en el ejercicio de su magistratura (art. 5, inc. 2, Ley Nº 5.233), por ser la primera vez, estima prudente el tribunal prevenir y recomendar al abogado Gustavo Federico Uro Greco a desempeñar su profesión con la verdad y diligencia que hacen a los deberes de probidad y buena fe que deben imperar soberanos en el proceso (art. 138, CPCC)."

"6. Que, atendiendo a las particulares circunstancias del caso, a la confusión que pueden generar dos normas -si bien de distinta jerarquía constitucional- contradictorias, a que el recurrente acompaña a su recurso el escrito requerido en forma -aunque tardíamente-, a que implicaría un exceso ritual en tales circunstancias tener por no presentado el escrito, por razones de equidad, el Tribunal estima que debe dejarse sin efecto la providencia de fecha 18/10/2023 y tener por cumplida la providencia de fecha 03/03/2023."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante; no consta disidencia en el dispositivo final.