MOLINA MARTIN MANUEL c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Martín Manuel Molina.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios derivados, en síntesis, de (1) una designación en tareas para las que no estaba capacitado y supuestas agresiones; (2) la suspensión preventiva por 45 días sin goce de haberes; y (3) la profusa difusión mediática de la denuncia penal/administrativa que afectaría su honor.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de la Provincia rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia de la Cámara que rechazó la demanda, imponiendo costas al actor en esta instancia. Reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes de la sentencia (textos tal como aparecen en el fallo):

"La sentencia impugnada determinó que no existe ninguna conducta antijurídica productora de daño en la actuación de la Provincia de Tucumán, por lo que rechazó, con costas, la demanda interpuesta."

"La Cámara fundó su razonamiento en que 'la suspensión sin goce de haberes del actor no parece una medida ilegítima o irrazonable por parte de la Administración. El hecho que menor que estuvo alojado en el Instituto Roca haya denunciado –en el marco de una audiencia celebrada en el Juzgado Penal de Menores de la Ira. Nominación y en presencia del Director de dicho Instituto y la Coordinadora de Institutos de menores con causas penales- que los preceptores Molina (actor) y Pérez proveían de sustancias tóxicas a los internos, como así también 'puntas' y sierras, reviste una gravedad tal que brinda sustento suficiente a la medida preventiva adoptada mediante la resolución nº 771/420-SEDS.'"

"La Cámara comenzó el tratamiento del daño invocado diciendo que 'llama la atención que la demanda haya concentrado toda la imputación de responsabilidad por la difusión de noticias en la Provincia de Tucumán y no en los medios que reprodujeron la información –y que habrían omitido reservar su identidad- o en los funcionarios Ricci y Viale que supuestamente habrían referido públicamente –según la demanda- a la falta de capacitación y a la moral del actor.' Afirmó que el obrar de la Provincia de Tucumán no fue antijurídico porque 'se trataba de materia de relevancia pública, por lo que su difusión en los medios de comunicación se vincula íntimamente con la protección del derecho al acceso a la información pública consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos...'"

Comentario sobre la votación: Los tres vocales (Sbdar, Goane y Gandur) votaron en igual sentido; no hubo disidencias que modifiquen la solución mayoritaria.