LOW TRACK S.R.L. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN Y OTRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

Low Track S.R.L. (cesionaria que reclama por crédito derivado de obra pública).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán y el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de actos administrativos que permitieron deducir/retener el impuesto sobre los ingresos brutos en los pagos de certificados de obra (especialmente libramiento N°11 y posteriores) y condena a reintegrar a la actora las sumas retenidas más intereses.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por la Provincia de Tucumán y el IPVDU contra la sentencia Nº 31 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 17/02/2017; costas a las recurrentes; regulación de honorarios reservada. La mayoría sostuvo que la conducta administrativa configuró un vicio (deducciones indebidas) y que procede aplicar la doctrina del “hecho del príncipe” / “alea administrativa” y la teoría de los actos propios, así como que se configuró la excepción al agotamiento de la vía administrativa por la falta de insistencia del Ejecutivo ante la oposición del Tribunal de Cuentas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En lo que es materia recursiva, la sentencia en crisis rechaza la defensa de acto firme planteada por la Provincia de Tucumán y hace lugar a la demanda que, en contra de esta última y del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante IPVDU), interpuso Low Track S.R.L., declarando la nulidad de los actos administrativos que allí se indican y condenando a las demandadas a reintegrar a la firma actora la totalidad de las sumas que, en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos, le fueron deducidas a instancias de los actos invalidados, con más los intereses correspondientes."

"Por ello, cuando -como en la especie- el fallo impugnado se adecua a las pautas y a la doctrina legal establecidas por esta Corte al conocer en casación sobre una determinada materia, no queda más que descartar la existencia, por dicho motivo, de un vicio que justifique su descalificación como acto jurisdiccional válido."

"En tal sentido cabe recordar que resulta vano, estéril, todo intento por torcer el consolidado criterio jurisprudencial que impera sobre la cuestión debatida en autos, en la medida que no se aporten nuevas razones y argumentos de convicción serios que refuten o superen a los desarrollados en fundamento de aquél... No se trata, como sugiere erróneamente la demandada, de pregonar un derecho a la conservación o inalterabilidad de un determinado régimen legal ... sino, simplemente, de aplicar al caso, primero, la doctrina del 'hecho del príncipe', para reconocer el derecho del contratista a ser resarcido por el perjuicio 'especial' que sufre el cocontratante ... y, después, la teoría de los actos propios, a los fines de descalificar el abandono de un criterio que la Administración venía adoptando..."

¿Cómo votaron los jueces?

Voto mayoritario de los Vocales René Mario Goane (preopinante), Daniel Oscar Posse y Antonio Gandur que rechazan los recursos de casación; la Vocal Claudia Beatriz Sbdar formuló voto en disidencia parcial proponiendo hacer lugar al recurso de casación del IPVDU por omisión del examen de la legitimación activa de la actora y remitir los autos a la Cámara para que se expida sobre ese punto.

(Se incluye la parte resolutiva final del tribunal, que prevalece sobre votos individuales:)

"RESUELVE: I.- NO HACER LUGAR, a los sendos recursos de casación interpuestos por la Provincia de Tucumán y el IPVDU en contra de la sentencia Nº 31 dictada por la Sala III de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 17 de febrero de 2017. II.- COSTAS, como se consideran. III.- RESERVAR pronunciamiento, sobre regulación de honorarios, para ulterior oportunidad."