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Tribunal Superior

CHAILE JOSE ANTONIO c/ VILLA KENNING MARCOS FERNANDO Y RICCI LUCRECIA CAROLA s/ COBRO DE PESOS

El actor demandó por reconocimiento de relación laboral y cobro de pesos contra Lucrecia Carola Ricci y Marcos Villa Kenning por presunto trabajo en relación de dependencia. La Corte Provincial rechazó el recurso de casación y confirmó la conclusión de la Cámara de que el vínculo fue un Programa de Entrenamiento para el Trabajo (PET) y que no se acreditó fraude laboral ni prestación en relación de dependencia.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
L1561/12
Programa de entrenamiento para el trabajo Pet Presuncion art. 23 lct Relacion de dependencia Fraude laboral Valoracion de prueba Legitimacion pasiva Casacion Rechazo de demanda Indemnizacion laboral Disposicion administrativa (convenio n? 18 Decreto 1.005/1). Observaciones adicionales (breve): Hechos temporales y cuantia relevantes consignados en el fallo: prestacion en pet entre diciembre de 2008 y mayo de 2009 Prestacion no remunerativa durante el pet de $500 conforme anexo (detalle $250 nacion $50 provincia $225 empresa). Se impusieron costas a la parte actora y se reservo pronunciamiento sobre la regulacion de honorarios.

¿Quién es el actor?

José Antonio Chaile.

A quién se demanda (Demandados): Lucrecia Carola Ricci y Marcos Fernando Villa Kenning.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento de relación laboral y cobro de pesos por prestaciones laborales (indemnizaciones y demás rubros derivados de alegado contrato de trabajo).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda; la Cámara admitió la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de Marcos Villa Kenning y absolvió a los demandados. La Corte Provincial rechazó el recurso de casación interpuesto por el actor (sentencia de Cámara del 30/6/2017 confirmada en lo esencial; fallo de casación del 07/11/2018).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Dicho programa se encuentra regulado por el Convenio nº 18 del año 2007 y sus protocolos adicionales, celebrados entre el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la Provincia, en los que expresamente se determina que este entrenamiento no constituirá relación laboral entre los beneficiarios con la entidad del sector público o privado que ejecute el proyecto, ni con la Provincia o Ministerio, así como tampoco, generará responsabilidad solidaria de éstos últimos (Anexo I, clausula nº 12)."

"No existen pruebas en la causa que evidencien un uso fraudulento de la práctica laboral referida (PET) o que demuestren que el actor cumplió servicios en el marco de un contrato de trabajo (Arts. 21 y 90 LCT). Tampoco hay pruebas que demuestren que el actor continuó prestando servicios finalizado el entrenamiento, conforme las declaraciones de Artigas y Lazarte quienes coincidieron que el actor prestó servicios hasta mayo de 2009 (respuesta 10 y 11). La sola declaración del testigo Chalupe quien dice que el actor laboró hasta el año 2011 (respuesta 5 ) resulta insuficiente porque no se encuentra corroborado por otra prueba de igual o mayor jerarquía..."

"La preceptiva del Art. 23 de la LCT opera ante una prestación de servicios bajo la dependencia de otro porque sólo éstos son los que se contemplan en la tipificación legal del contrato y de la relación de trabajo, de conformidad a las previsiones de los artículos 21 y 22 de la LCT. Por lo tanto, la carga de la prueba de la posición de dependencia o subordinación no resulta alterada por la presunción, sino que, por el contrario, de esa prueba depende que aquella entre a jugar."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue acordada por unanimidad de los tres Vocales (Sbdar, Goane y Posse). No hubo disidencia.

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