GUTIERREZ MIGUEL HUGO c/ SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD s/ DIFERENCIAS SALARIALES
El actor promovió petición declarativa de inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la ley provincial 8851 y su decreto reglamentario 1583/1 respecto de la ejecución de una condena pecuniaria. La Cámara declaró aplicable la inconstitucionalidad en este caso, por vulnerar la tutela ejecutiva de una condena de naturaleza alimentaria y asistencial y la obligación presupuestaria del Poder Ejecutivo.
¿Quién es el actor?
MIGUEL HUGO GUTIERREZ.
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán (a través de SI.PRO.SA. / Fiscalía de Estado y Poder Ejecutivo en su normativa).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Petición declarativa de inaplicabilidad e inconstitucionalidad de la ley provincial nº 8851 y del decreto reglamentario nº 1583/1 en cuanto obstaculizan la ejecución de la condena pecuniaria dictada en autos; se solicita que no se le someta al mecanismo administrativo previsto por esa ley/decreto para percibir la condena firme.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la petición declarativa del actor y se declaró la inconstitucionalidad de la aplicación, en este caso, de la ley nº 8851 y del decreto reglamentario nº 1583/1 en cuanto resultaran incompatibles con la ejecución de la condena pecuniaria dictada en autos. Costas a la demandada; honorarios oportunamente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción 1 (dispositivo final, texto literal):
"RESUELVE:
I. HACER LUGAR a la petición declarativa formulada por MIGUEL HUGO GUTIERREZ y en su consecuencia, DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD de la aplicación a su respecto -en este caso- de la ley nº 8851 y del decreto reglamentario nº 1583/1 en cuanto resultaran incompatibles con la ejecución de la condena pecuniaria dictada en autos, por las razones y con el alcance que fueron antes considerados.
II. COSTAS, a la demandada.
III. HONORARIOS, oportunamente."
Transcripción 2 (descripción y naturaleza del crédito del actor, texto literal):
"mediante la sentencia nº 866 el SI.PRO.SA. fue condenado en autos al pago de cuatro sumas de dinero, a saber: $ 3.682,32 en concepto de diferencias de remuneraciones salariales; $ 62.241,71 en concepto de diferencias de aportes previsionales; $ 20.000 en concepto de indemnización del daño emergente (por gastos de asistencia y terapia necesarios por la incapacidad permanente del 95,64%) y $ 40.000 en concepto de indemnización del daño moral psíquico y a la vida en relación (v.gr.: por hostigamiento, stress, separación del cargo y retrogradación de hecho, sumario irregular a que fuera sometido el actor)."
Transcripción 3 (fundamento de inconstitucionalidad por inaplicabilidad indiferenciada, texto literal):
"concluimos que debe declararse la inconstitucionalidad de la aplicación al caso del artículo 3° primer párrafo de la ley n° 8851 por imponer aquí en forma arbitrariamente indiferenciada (al abarcar sin distingos a todos “los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Provincial al pago de una suma de dinero”) la inclusión presupuestaria actual del pronunciamiento judicial de condena al pago de una suma de dinero dictado en autos (en relación al cual se justifica -por ser determinante su sentido alimentario y asistencial preferente- una previsión presupuestaria diferenciada)."
¿Cómo votaron los jueces?
El fallo contiene el voto preopinante y la adhesión del Dr. Carlos Giovanniello; el dispositivo expresa la decisión conjunta de la Sala Segunda (no hay disidencia consignada).
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