ORTIZ ROBERTO MARCELO c/ SUCESION DE MEDICCI s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
El actor promovió acción de prescripción adquisitiva sobre un fundo y ofreció prueba instrumental solicitando informes a la Legislatura sobre la Resolución 196/2004. El Tribunal rechazó el recurso de revocatoria contra la providencia que denegó esos oficios y declaró inadmisible la apelación en subsidio, por improcedente la prueba solicitada y porque las cuestiones de validez constitucional son propias del juez.
¿Quién es el actor?
Ortiz Roberto Marcelo.
¿A quién se demanda?
Sucesión de Medicci y la Provincia de Tucumán (interviene la Dirección General de Catastro en la controversia).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción por prescripción adquisitiva sobre un inmueble (fundo cuya descripción obra en el libelo).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por el actor contra la providencia de fecha 5/7/2013 que rechazó su ofrecimiento probatorio de informes a la Legislatura; se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en subsidio y se rechazó el planteo de nulidad por improcedente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Atento a lo normado por el art. 300 del CPCyC, no corresponde dar curso.- II.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto que antecede, estése a lo proveído en el cuaderno de pruebas N° 4 de la parte actora" (fs. 4).
"En primer término, se observa que el actor pide en el punto 'a' de su ofrecimiento, que el Poder Legislativo informe sobre si la resolución 196/2004 fue recibida y transformada en ley. Sobre el particular, entendemos que el rechazo de la prueba resulta acertado en tanto las normas legales no requieren ser objeto de prueba, por lo que en caso que se haya convertido en ley, podrá ser aplicada con prescindencia de su acreditación."
"Por su parte, a través de los puntos 'b' y 'c' del ofrecimiento probatorio, se requiere al 'Sr. Presidente de la Legislatura de Tucumán' opinión sobre la validez constitucional de diferente normativa, lo que resulta notoriamente inadmisible, dado que la prueba de informes no puede ser el marco para recibir una opinión sobre la validez constitucional de una norma. Dicho examen o control de constitucionalidad deberá ser realizado por el juzgador ante un pedido de parte o aún de oficio, sin necesidad de consultar a otras autoridades sobre ese aspecto propio de la función jurisdiccional."
"Por lo expresado, el recurso de revocatoria interpuesto por la parte actora (agregado a fs. 5 del presente cuaderno de prueba), debe ser rechazado, correspondiendo confirmar la providencia de fecha 5 de julio de 2013 (fs. 4) en atención a que resulta arreglada a derecho la solución adoptada."
"Por su parte, y en cuanto al recurso de apelación interpuesto en subsidio, cabe aclarar que la providencia resulta inapelable de conformidad a su naturaleza y lo dispuesto en el artículo 301 del CPCCT, por lo que corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto en subsidio. A su vez, en cuanto al planteo de nulidad realizado por el actor en la misma presentación (fs. 3 de este cuaderno de prueba), el mismo debe ser rechazado, dado que la parte actora no expuso cuales serían las causas o vicios que autorizarían la declaración de nulidad para afectar la validez de la providencia de fecha 5 de julio de 2013."
(No hubo votos en disidencia consignados en el acto resolutivo).
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