LEIVA GERARDO CESAR c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ AMPARO
El actor promovió acción de amparo para exigir la movilidad del haber jubilatorio transferido y la liquidación conforme al 72% del cargo activo. La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo confirmó la Cámara y rechazó la casación municipal por considerar acreditada la arbitrariedad manifiesta en la liquidación y la existencia del derecho cierto del actor.
¿Quién es el actor?
Leiva Gerardo César.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo para la protección del derecho previsional: respeto de la garantía de movilidad del haber jubilatorio transferido (72% sobre el cargo de Ordenanza de 25 años) y el pago conforme a ese porcentaje.
¿Qué se resolvió?
La Corte, por unanimidad, NO HACE LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Municipalidad y confirma la sentencia de la Cámara (Nº 696, 31/10/2017) que hizo lugar al amparo en los términos de ordenar a la Municipalidad observar la movilidad del 72% y abonar las sumas correspondientes desde que quede firme el pronunciamiento. Se imponen las costas del recurso al orden causado y se reserva regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Del cotejo de los valores salariales para el activo en el cargo de Ordenanza informado por la Caja Popular de Ahorros (fs. 233) y por la Asociación Bancaria-Seccional Tucumán (fs. 223), con los montos efectivamente percibidos por el amparista según surge del haber bruto consignado en la boleta de fs. 41, se advierte que existe una diferencia considerable, en perjuicio de éste último. En efecto, si tomamos el salario mensual fijado para el año 2017 para el activo en el cargo con el que se le concedió el beneficio al actor ($ 47.836,68 según informe de fs. 223), advertimos que el 72% correspondiente a dicho valor, alcanza la suma de $ 34.442,40, mientras que el Sr. Leiva percibió en el mes de noviembre de 2016, en concepto de jubilación y en bruto, la suma de $ 9.960,72 (ver boleta de fs. 41), lo que demuestra la existencia de una diferencia mayor a $ 20.000. O dicho en otros términos, el amparista está percibiendo menos de la mitad de lo que debería pagársele si se respetase la movilidad de su pensión" (fs. 248 vta.).
"A Idéntica conclusión se llega si efectuamos el cálculo anterior a partir del monto que informa la Caja Popular de Ahorros a fs. 233 para el activo en el cargo en cuestión. Ello es así, toda vez que dicho ente autárquico informa que el haber fijado para el año 2017 para el citado cargo es de $ 45.858, 12 (sin agregar los adicionales que allí se indican), con lo cual el 72% resultaría $ 33.017,84, y el haber que percibió el actor durante el período antes señalado fue de $ 9.960,72, lo que demuestra la existencia de una diferencia superior a $ 15.000" (fs. 248 vta.).
"Ello es así toda vez que en la especie, la omisión que exige la norma para la procedencia de la acción de amparo surge palmaria ya que, aunque se incluyan los rubros antes señalados en el haber del actor ('Futuros Aumentos' y 'Reparación Histórica'), lo que percibe actualmente, si se compara con la remuneración del activo, no llega a cubrir la movilidad del 72%, obtenida al momento de la concesión del beneficio. Lo señalado precedentemente demuestra con claridad, la manifiesta arbitrariedad en la conducta de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, al inobservar la obligación asumida al transferir el sistema previsional local a la órbita de la Nación (Ordenanza nº 2446/96), y al liquidar y abonar al amparista diferencias por movilidad marcadamente insuficientes, o sustancialmente menores, a las que por ley le corresponden" (fs. 249).
¿Cómo votaron los jueces?
Sentencia unánime; no hubo votos en disidencia.
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