DIAZ PADILLA SILVANA c/ PIAZZA S.A. Y OTROS s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Díaz Padilla Silvana (actora/consumidora).

¿A quién se demanda?

Piazza S.A. (concesionaria) y FCA Automobiles Argentina S.A. (fabricante); también involucrada la aseguradora San Cristóbal y el taller International Performance en la cadena fáctica.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Responsabilidad por demora e incumplimiento en la provisión de repuestos y prestación de servicio técnico posventa; reparación del vehículo; reparación por daño moral; imposición de multa civil (daño punitivo) por violación de deberes en materia de consumo.

¿Qué se resolvió?

Se rechazaron las apelaciones de Piazza S.A. y FCA; se confirmó la sentencia de fecha 11/11/2022 que hizo lugar parcialmente a la demanda, declaró la responsabilidad solidaria de las demandadas por el incumplimiento en la prestación del servicio técnico y por las violaciones a los deberes de información y trato digno, condenó al pago de daño moral (fijado en $250.000 en primera instancia) y aplicó multa civil; costas a las apelantes vencidas; honorarios reservados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Conforme surge de las pruebas aportadas por la actora, en especial Acta de Constatación Nº 139, realizada por la Escribana María Celeste Delloca, en fecha 13/02/2019, Nicolás Terán en representación del taller Internacional Performance, envía desde el mail de internacionalpelformance@gmail.com solicitando a PIAZZA S.A. al correo piazzarepuestos@piazzatucuman.com los repuestos para la reparación del auto mediante una descripción de cada uno de ellos y que era lo que se encontraba disponible y que no, a los fines de que los mismos sean solicitados; a lo que, Piazza, mediante mail de fecha 14/02/2019 responde de manera textual que “listo todos los repuestos con pedidos con 10 días de demora”; por lo que, surge acreditado el ingreso del vehículo al taller, y la solicitud de los repuestos necesarios a la concesionaria Piazza S.A."

"...es manifiesto que la actora tuvo que atravesar diversas situaciones que, evidentemente, le causaron afecciones espirituales y morales, frente a la demora en la solución, y a la falta de contención y respuesta de las demandadas. Insisto que, en el caso de autos, la actora padeció lógicas y razonables afecciones morales, frente a una inexplicable e injusta situación provocada por la conducta de las demandadas (injustificada e inadmisible demora en la reparación de su vehículo) que le ocasionaron angustias, intranquilidad y afecciones espirituales propias de la situación vivida; así como, una actitud incomprensible e injustificada de parte de las empresas demandadas, que la obligó a llegar hasta esta instancia judicial para obtener la satisfacción y tutela de sus derechos. Y tal estado no necesita prueba alguna por resultar normal y notorio en casos como el que nos ocupa. Los sentimientos de frustración y desasosiego son totalmente razonables y esperables … Entiendo, que los padecimientos psicológicos extraordinarios al curso normal y habitual de la reparación de un automóvil, los reiterados reclamos, la ausencia de solución y el impacto que tales vicisitudes han generado en el usuario del servicio, tornan procedente en el sub lite el resarcimiento del daño moral. De las pruebas aportadas en autos, considero acreditado que las demandadas no cumplieron adecuadamente con la obligación de reparación asumida, respecto del vehículo de la actora; las mismas no brindaron la adecuada información a la consumidora respecto al tiempo en la ejecución de sus tareas, y a la demora en la espera de los repuestos, como así también en relación al trato indigno que recibió la actora, por parte de las accionadas, y a las reiteradas llamadas que la misma debió realizar a los fines de obtener la información necesaria".

Adicionalmente, el Tribunal reprodujo y compartió la valoración del a quo sobre el daño punitivo: la conducta de las demandadas fue calificada como desaprensiva e indiferente, habilitando la aplicación de la multa civil con finalidad punitiva y disuasoria.

(Votos) El fallo se adoptó por mayoría: voto del Dr. Alberto Martín Acosta como preopinante, con adhesión del Dr. Raúl Horacio Bejas.