MEDINA SUSANA DEL VALLE c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN Y OTROS s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

Medina Susana del Valle (actora originaria en el proceso administrativo).

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Tucumán (parte demandada que interpone la casación).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios y controversia sobre la inconstitucionalidad del régimen de inembargabilidad y de pago establecido por la ley nº 8551 y su decreto reglamentario (resolución incidental en ejecución de honorarios).

¿Qué se resolvió?

Se declaró inadmisible y, por ende, mal concedido, el recurso de casación interpuesto por la Provincia de Tucumán contra la sentencia Nº 772/29/11/2017 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo; se impusieron las costas de la instancia extraordinaria a la recurrente y se reservó pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes del fallo (texto original):

"Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, la de revisar si el recurso ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a su admisibilidad.

Sobre el particular, si bien ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 1274 y 1301 vta.), se invoca infracción a normas de derecho, y se dio cumplimiento con el depósito (cfr. fs. 1275); no obstante ello, se advierte que el acto judicial impugnado no constituye una sentencia definitiva ni se equipara a tal, en la medida que el pronunciamiento que declara, 'para el presente caso, la inconstitucionalidad del régimen de inembargabilidad y de pago establecido por la ley nº 8551 y su decreto reglamentario' (cfr. fs. 1272), no pone fin al juicio de ejecución ni impide su continuación, por lo que el requisito de definitividad, como propio y autónomo del recurso de casación, no se encuentra cumplido en el sub lite, sin que la invocación de la doctrina de la arbitrariedad tenga entidad para soslayar dicha exigencia, según lo tiene dicho de manera reiterada este Superior Tribunal y la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Del mismo modo, tampoco se configura el excepcional supuesto de gravedad institucional -que suple tal ausencia de definitividad y legitima la intervención de esta Corte, desde que en el sub iudice, atendiendo a la peculiaridad o particularidad del caso, no se encuentra comprometido el buen orden y recta administración de justicia y, por ende, no se verifica incidencia del tópico sobre la comunidad y la buena marcha de las instituciones.

Así, corresponde dejar sentado que, en la medida que lo que está en discusión se trata de una cuestión sobre la cual ya existe posición tomada por parte de este Tribunal Cimero Provincial (cfr. CSJT: principalmente sentencia Nº 1913, del 05/12/2017; asimismo, sentencias Nº 305, del 21/3/2018 y Nº 1680, del 31/10/2017) y que ha sido expresamente observada por la Sala A quo en los presentes actuados (cfr. fs. 1271 vta./1272), cabe descartar la configuración, en la especie, del excepcional supuesto de gravedad institucional que habilitaría a esta Corte entender en un caso, como el de autos, donde lo impugnado en casación es una resolución interlocutoria (que se pronuncia sobre una cuestión incidental suscitada en el proceso de ejecución de honorarios), que tampoco resulta equiparable a definitiva, en tanto no pone fin al pleito ni impide su continuación.

La paridad señalada entre la línea marcada en casación y la adoptada por la Cámara en el precitado pronunciamiento, determina que queden debidamente asegurados, en el sub lite, el buen orden y la correcta administración del servicio de justicia, toda vez que -como ya se ha destacado en anteriores oportunidades- la función uniformadora, propia del recurso extraordinario local sirve, precisamente, para garantizar la seguridad jurídica e igualdad ante la ley, al disuadir a los jueces y Tribunales de Grado que actúan en la jurisdicción provincial de adoptar decisiones contrarias, que no se ajustan a derecho evitando, de ese modo, se fracture la unidad interpretativa que debe presidir a la función judicial, para salvaguardar los elementales valores antes aludidos (cfr. CSJT, sentencias Nº 811, del 26/10/2010; Nº 1062, del 21/12/2010, entre otras)."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo (votos del Dr. René Mario Goane, Dra. Claudia Beatriz Sbdar y Dr. Daniel Oscar Posse). No hubo disidencias.