ORTIZ NORMA ANDREA DEL VALLE Y OTRA c/ TORRES RENE ATILIO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Ortiz Norma Andrea del Valle y otra.

¿A quién se demanda?

René Atilio Torres y otra.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios por accidente (pericia determinante de la mecánica del siniestro).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación en subsidio del apoderado de Torres y se revocó el proveído de fecha 14/06/2024, ordenando a la Oficina de Gestión Judicial Nro. 2 proveer lo pertinente; costas al actor; honorarios a resolver oportunamente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Sucede que, y conforme las grabaciones de la segunda audiencia, se dispuso ampliar los plazos de prueba para el sorteo de un nuevo perito, y se estableció el plazo de quince días a partir de que arribe la causa penal para producir el informe. Así, sustanciado el mismo advirtió el magistrado que concluiría el plazo de pruebas. Asimismo, decidió que los alegatos sean hechos por escrito.

No obstante y tal como sostiene la presentación recurrente, en su 18/04/2024, se formuló una reserva expresa de impugnar el dictamen pericial tras recibir las aclaraciones y ampliaciones respectivas. Este Tribunal considera que dicha petición no fue debidamente considerada, resultando en una limitación al ejercicio del derecho al contradictorio y del derecho de defensa en juicio, consagrados en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

La negativa a permitir la formulación de impugnaciones al dictamen pericial implica una interpretación restrictiva y antifuncional del artículo 394 CPCCT, la cual, en este caso, vulneró derechos fundamentales. Este Tribunal resalta que la finalidad de las normas procesales debe alinearse con la protección de las garantías constitucionales, tales como el debido proceso y la igualdad ante la ley (artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional), como así también al derecho al debido proceso legal. En este sentido, la celeridad y la economía procesal, a nuestro entender, no pueden prevalecer sobre el ejercicio pleno de estos derechos constitucionalmente protegidos."

(Votos: el acuerdo aparece firmado por los Sres. Jueces Alberto Martín Acosta y Raúl Horacio Bejas; el bloque dispositivo final es el que decide la revocación del proveído y la imposición de costas al actor.)