MARTINEZ ARMANDO ANGEL c/ RAMOS MARIA DOLORES s/ COBRO EJECUTIVO

¿Quién es el actor?

MARTINEZ ARMANDO ANGEL (actor en el proceso de cobro ejecutivo).

¿A quién se demanda?

RAMOS MARÍA DOLORES (demandada en el cobro ejecutivo; es quien recusó).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

expediente principal: COBRO EJECUTIVO (Expte. N° 4327/13). En este decisorio se sustancia un incidente de recusación con causa contra el Juez del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones III° Nominación, Dr. Carlos Raúl Rivas.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la recusación formulada por la Sra. María Dolores Ramos contra el Juez Dr. Carlos Raúl Rivas y se remitió la causa a origen para continuar su trámite (Sent. N° 381, 18/12/2024).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“La demandada en su presentación del 31/10/24 recusa al Sr. Magistrado del Juzgado de Documentos y Locaciones de la III Nominación y a la Actuaria. Comunica denuncia penal por malversación de caudales públicos y plantea la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de cualquier norma local que se pretendiere invocar como fundamento para frustrar la recusación efectuada.

En fecha 04/11/24 obra Informe a tenor del art. 118 CPCC por el que se rechaza terminantemente haber incurrido en el delito alguno, y mucho menos de malversación de caudales públicos, en la supuesta aplicación arbitraria de fondos y/o el cambio de destino de los fondos depositados por la demandada en autos y se realiza un relato de las actuaciones obrantes en el expediente.”

“Desde el punto de vista objetivo, la garantía de imparcialidad ampara al justiciable cuando éste pueda temer la parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento, sin cuestionar la personalidad, la honorabilidad, ni la labor particular del magistrado que se trate; es una garantía del justiciable y sólo a favor de éste puede esgrimirse el temor de parcialidad (confr. considerando 10 del voto de los Ministros Highton de Nolasco y Zaffaroni). La afirmación según la cual las causales de recusación son de interpretación restrictiva no puede entenderse como un cercenamiento del derecho a un tribunal imparcial, pues ello sería poner a la ley por encima de la Constitución. La rigidez de la interpretación se funda en la necesidad de que la recusación no se utilice como un instrumento espurio para apartar a los jueces naturales del conocimiento de las causas que legalmente se les atribuye, pero en modo alguno puede servir para eximir a los jueces del deber de examinar con seriedad los cuestionamientos de las partes respecto de la imparcialidad de los tribunales ante los cuales han de ser oídas (confr. considerando 7 del voto del Ministro Petracchi). La imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. Si de alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo del justiciable- en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático (confr. considerando 13 del voto de los Ministros Highton de Nolasco y Zaffaroni). De esta forma, la garantía de objetividad de la jurisdicción constituye un principio procesal del estado de derecho que, en la actualidad, se eleva al rango de Ley Fundamental (confr. considerando 25 del voto de los Ministros Highton de Nolasco y Zaffaroni y considerando 18 del voto del Ministro Maqueda).”

Además, el fallo incorpora y hace suyo el dictamen de la Fiscal de Cámara que concluye: “no corresponde hacer lugar a la recusación con causa formulada por la demandada contra el Sr. Juez...”

No se registran votos disidentes en el acuerdo; la resolución se manifiesta en el bloque dispositivo firmado por los Sres. Jueces.