ROMERO LASCANO EDUARDO ANTONIO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Eduardo Antonio Romero Lascano y Alberto César Piedrabuena (actores recurrentes).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción declarativa de inconstitucionalidad contra normas provinciales; se cuestiona la compatibilidad de normas de la Constitución provincial con la Constitución Nacional y la CADH.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán declaró admisibles y concedió los recursos extraordinarios federales interpuestos por los actores contra la sentencia N° 723 del 18/09/2013 que rechazó su demanda, y elevó los autos a la Corte Suprema de la Nación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

II.- Los recursos han sido deducidos en término, por quienes están legitimados para interponerlo, se dirigen contra una sentencia definitiva emanada del Superior Tribunal de la causa, habiéndose planteado oportunamente la reserva del caso federal y, sin perjuicio del análisis que en definitiva corresponde efectuar al Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, se observa que los recurrentes han sostenido su ataque sentencial en el vicio de arbitrariedad, con violación a los arts. 18 y 109 CN y 8, 1. y 2.H y 25 de la CADH.

La vía impugnatoria que intentan los demandantes encuentra basamento en la cuestión federal que surgiría del alegado supuesto de arbitrariedad de la sentencia emitida por esta Corte Suprema de Justicia y la interpretación que se ha efectuado en orden a los institutos cuestionados. Sostienen que el acto jurisdiccional observado implica una clara contradicción frente a normas federales e internacionales de orden superior.

Corrido el traslado de ley, la parte demandada y el tercero adhesivo simple contestan según los términos que obran, respectivamente, en sus memoriales de fs. 812/829, 831/847, 849/854 y 856/860.

III.- Al examen de los argumentos expuestos en las presentaciones recursivas que nos ocupan, se observa que ambas satisfacen el recaudo de la existencia de cuestión federal, en cuanto aducen la contradicción de la sentencia cuestionada frente al derecho federal que invocan, siendo además que la cuestión discutida se presenta como de naturaleza compleja, pues refiere a la compatibilidad de normas de la Constitución vernácula frente a las disposiciones de la Carta Magna Nacional.

Si bien las normas discutidas pertenecen a la esfera del derecho público local, no es menos cierto que resulta atendible contemplar las hipotéticas lesiones constitucionales invocadas; la trascendencia de la significación teleológica de las normativas en examen; lo que presenta, prima facie, entidad bastante para justificar la intervención del Máximo Tribunal de la Nación, permitiendo superar los ápices procesales frustratorios del control constitucional de la CSJN (Fallos: 248:189; CS, 1999/12/07, en LL, 2000-B, (183), etc.). Ello así, puesto que la naturaleza del contenido de la materia en análisis excede el mero interés de los particulares, adquiriendo notorio interés institucional (Fallos: 253:406).

En este sentido, se advierte que los impugnantes han formulado con suficiencia sus libelos recursivos, demostrando la proyección e importancia institucional suficiente (Fallos 300:417; 300:1110) y cuestionado de arbitrario el fallo atacado, lo que abriría las compuertas del recurso extraordinario aún en cuestiones no federales (Fallos 332:2415; CSJN, “Chiara Díaz, Carlos Alberto vs. Estado Provincial sobre acción de ejecución”, 07/3/2006 con cita de Fallos 310:959).

Por lo expresado supra, dada la naturaleza del asunto litigioso y su relevante significación, puede verosímilmente entenderse que la situación de autos adquiere carácter excepcional y, habiéndose propuesto cuestión federal suficiente, se torna conveniente que sea la CSJN la que lleve a cabo la última dilucidación de la cuestión planteada, puesto que, en su condición de intérprete final de la Constitución, será a quien en definitiva corresponde decidir si, en el caso, se configura la alegada infracción normativa con afectación de la forma federal de gobierno (cfr. CSJT, sentencia N° 1140/2009 y Nº 747/2012).

Resolución dispositiva (transcripción literal):

I°).- DECLARAR ADMISIBLES y, en consecuencia, CONCEDER los recursos extraordinarios federales interpuestos por los Dres. Eduardo Antonio Romero Lascano y Alberto César Piedrabuena contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia N° 723 del 18/09/2013.

II°).- ELEVAR oportunamente los autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia contó con la coincidencia de los tres Vocales presentes (Dr. Salvador Norberto Ruiz, Dra. Ebe López Piossek y Dra. Marcela Fabiana Ruiz). No hubo disidencias consignadas.