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Tribunal Superior

IÑIGUEZ ADRIANA DEL CARMEN c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

La actora demandó a la Provincia de Tucumán por daños y perjuicios reclamando el pago de una condena de $200.000 por daño moral. La Corte hizo lugar al recurso de casación de la demandada por arbitrariedad (omisión de pronunciamiento sobre la ley Nº 8851 y su decreto reglamentario) y casó la sentencia de la Cámara, remitiendo las actuaciones para nuevo pronunciamiento.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
A129/12
Casacion Congruencia Arbitrariedad de sentencia Ley 8851 Inembargabilidad Emergencia economica Remision Danos y perjuicios Ejecucion de sentencia $200.000

¿Quién es el actor?

Iñiguez Adriana del Carmen (actora).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de sentencia por condena a pagar $200.000 por daño moral (sentencia de 08/08/2016) y planteo de inconstitucionalidad de normas de emergencia e inembargabilidad (leyes Nº 6987, 8228 y sucesivas, ley Nº 8851 y Decreto Nº 1583).

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada, declaró la sentencia de la Cámara viciada por arbitrariedad por omisión de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Ley Nº 8851 y su Decreto Reglamentario Nº 1583, la casó y remitió los autos a la Cámara para que dicte un nuevo pronunciamiento. Las costas en esta instancia se imponen por el orden causado; se reserva regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Queda claro, de la reseña expuesta, que el planteo de inconstitucionalidad de la Ley N° 8851 y su Decreto Reglamentario Nº 1583 constituyó una cuestión controvertida entre las partes y por ende exigía un pronunciamiento expreso del órgano judicial interviniente.

La sola lectura de la sentencia atacada torna evidente la omisión denunciada por la demandada, circunstancia que determina la procedencia del recurso por este déficit y sin que ello importe juicio alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la normativa en cuestión, esto es, la Ley N° 8851 y su Decreto Reglamentario Nº 1583."

"En efecto, el examen de los argumentos de la decisión impugnada (reseñados en el punto 3) evidencia que la Cámara no se hizo cargo de la tacha de inconstitucionalidad dirigida por la actora contra la Ley N° 8851 y su Decreto Reglamentario Nº 1583, desentendiéndose por completo de la cuestión, cuya dilucidación resultaba conducente para la adecuada solución de la litis ... La falta de tratamiento de una cuestión planteada y controvertida que resulta conducente para la solución del caso, importa una violación al principio de congruencia que torna inválido el pronunciamiento atacado ..."

"En virtud de lo expuesto y, tal como se dijo, sin que ello signifique anticipar juicio alguno acerca de la procedencia o no del planteo de inconstitucionalidad de la recurrente, corresponde hacer lugar al recurso de casación en examen y casar la sentencia impugnada, en base a la siguiente doctrina legal: 'Es arbitraria y, por ende, nula, la sentencia que omite pronunciarse sobre una cuestión controvertida entre las partes, conducente para la resolución del caso', y reenviar los autos a la Cámara para que, con la composición que por turno corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento."

¿Cómo votaron los jueces?

Sentencia unánime. La Dra. Claudia B. Sbdar fundamentó y los Dres. René M. Goane y Daniel O. Posse adhirieron.

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