LAS MARTINETAS S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO

¿Quién es el actor?

Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (como parte demandada en el expediente) dedujo el planteo de inconstitucionalidad; el expediente principal está caratulado "LAS MARTINETAS S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO".

¿A quién se demanda?

Se cuestiona la constitucionalidad del art. 810 del Código Procesal Civil y Comercial (norma procesal provincial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se declare inconstitucional el art. 810 del CPCyC que exige depósito judicial como requisito para interponer recurso de casación, en tanto impone obligaciones a la Nación/Estado.

¿Qué se resolvió?

Rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 810 del CPCyC solicitado por la AFIP-DGA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto del Tribunal y del dictamen que el Tribunal comparte):

“II.- La Sala 2 de la Excma. Cámara de Documentos y Locaciones en un caso análogo dijo: “…Como ya lo consideramos tanto la doctrina como la jurisprudencia están contestes en que la exigencia del depósito previo para el recurso de casación, no viola disposición constitucional alguna, ni al principio de igualdad ante la Ley desde luego que tampoco el derecho de defensa, ya que el litigante tiene la posibilidad de acogerse al beneficio de litigar sin gastos (Cf.: Cam. Civ. Doc. y Loc. Sala 2ª., sent. n° 229 del 03/08/98).Es que la casación es un medio recursivo de excepción, al que sólo cabe acceder en las restrictivas situaciones enunciadas por la Ley Procesal. Aparece razonable entonces, que quien se proponga ejercitarlo, preste su afianzamiento. La razonabilidad de tal recaudo está dada por la necesidad de impedir maniobras dilatorias en los juicios, que retarden el cumplimiento de una sentencia condenatoria, lo que si lesiona el derecho de defensa del beneficiario de aquella. Sujetar a diversos requisitos la admisibilidad de un recurso contra una sentencia no configura, por sí, alterar el derecho de impugnar recursivamente un fallo ante el Tribunal Superior, sino simplemente reglamentarlo, delineando su legitimo ejercicio, siempre que esa reglamentación resulte razonable por proporcionarse a la finalidad en gracias a la cual se instituye. El art. 817 Proc., es proporcionado para desalentar el mero propósito de prolongar el cumplimiento de una sentencia, con el conexo peligro de que durante esa dilación temporal, la parte condenada se torne insolvente, mediante el abusivo ejercicio del derecho de recurrir. (Cf.: C.S.J.T., Sent. N° 86 del 18/04/94 y N° 23 del 13/02/02).Por lo que debe rechazarse el pedido de inconstitucionalidad deducido por el accionado. (Cf. Sent. 188/2010).””

“El derecho de la defensa en juicio, como todos los derechos, debe ser reglamentado en su ejercicio. Y las leyes que a tal fin se dicten serán constitucionales, mientras no lo alteres en su esencia. Es evidente que el depósito judicial, impuesto por el art. 810 Proc., no altera el derecho de defensa, sino que lo protege.”

“En efecto, la casación es un medio recursivo de excepción, al que sólo cabe acceder en las restrictivas situaciones enunciadas por la ley procesal. Aparece razonable entonces, que quien se proponga ejercitarlo, cumpla con el depósito. La razonabilidad de tal recaudo está dada por la necesidad de impedir maniobras dilatorias en los juicios, que retarden el cumplimiento de una sentencia, lo que si lesiona el derecho de defensa del beneficiario de aquella.”

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante; el dispositivo final del Tribunal es el que prevalece y rechaza el planteo de inconstitucionalidad.