BENITEZ BEATRIZ c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

Beatriz Benítez (actora, jubilada).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento de movilidad porcentual del 70% en el haber jubilatorio y pago de las diferencias previsionales adeudadas (diferenzas desde los períodos no prescriptos), con liquidación por planilla.

¿Qué se resolvió?

La Corte NO HACE LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Provincia; confirma la solución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que reconoció la movilidad y condenó al pago de las diferencias desde el 26/11/2012 hasta la fecha de liquidación; impone costas a la recurrida en esta instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) “Para concretar el pago de las diferencias retroactivas, deberá confeccionarse por intermedio del órgano competente una planilla de liquidación que detalle mes por mes la totalidad de las diferencias devengadas por los periodos no prescriptos. En este punto, y a propósito de lo manifestado por la demandada, cabe decir que resulta de aplicación al caso el artículo 94 de la ley 6446, por ser ésta la legislación bajo cuya vigencia la actora obtuvo la jubilación ordinaria reducida. Dicho precepto distingue dos situaciones desde el punto de vista del plazo prescriptivo, según que los haberes previsionales se hayan devengado antes de la presentación de la solicitud del beneficio o con posterioridad a la misma, aún los provenientes de transformaciones o reajustes (2° y 3° párrafo del citado artículo). Así las cosas, habida cuenta que la cuestión litigiosa planteada en autos se originó como consecuencia de los aumentos otorgados al personal en actividad con posterioridad al otorgamiento del beneficio previsional del actor, cabe encuadrar el presente caso en lo contemplado en el tercer párrafo de dicha norma que establece: 'Prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio...'. En mérito a ello, y a los fines de establecer con exactitud los alcances temporales a los que se circunscribirá la acción de cobro, debe tenerse en cuenta la actividad desplegada por la actora en sede administrativa. Como dijimos anteriormente, ha quedado comprobado que el reclamo administrativo de interposición obligatoria -cuyo objeto coincide con lo pretendido en los presentes autos- fue deducido por la actora mediante expediente administrativo nº 1397/110-B/2014 en fecha 30/05/2014 (copia a fs. 5). Por otra parte, cabe tener presente que esta demanda fue interpuesta el día 26/11/2015 (es decir, un año y medio después de la presentación del reclamo administrativo). Así, teniendo en cuenta que la suspensión del plazo de prescripción operada como consecuencia de la interposición del reclamo es de un año, y que una vez reanudados los términos el 30/05/2015 transcurrieron casi seis meses hasta la interposición de la demanda, cabe entender que no están prescriptas las diferencias adeudadas desde el año y medio anterior al reclamo administrativo, es decir, desde el día 26/11/2012 en adelante; siendo jurídicamente exigible la obligación de la Provincia de Tucumán de abonar un resarcimiento por el desmedro consistente en las diferencias resultantes entre los haberes previsionales cobrados por la actora y lo que ésta hubiera percibido conforme la movilidad otorgada en el origen de su beneficio previsional, todo ello a partir de la fecha antes indicada.”

2) “De otra parte, en el sub lite, la accionante, acreedora en autos, tampoco está planteando la prescripción en su demanda, toda vez que la referencia al instituto de la prescripción no ha sido nada más que un mecanismo para delimitar los alcances del reclamo. De allí, entonces, que no pueda receptarse la denuncia de la recurrente cuando afirma que el Tribunal de grado declaró de oficio la prescripción, habida cuenta que no existe en el pronunciamiento impugnado ninguna declaración de este tipo. Por el contrario, según se dijo, este último fue claro al resaltar que la actora peticionó en la demanda que se le abonen las diferencias de haberes que no hubieren prescriptos (cfr. fs. 186 y 188 y vta.), con lo cual entendió precisar el límite temporal fijado por la propia actora al pago de las diferencias previsionales impetradas, y a él se sujetó y tuvo en consideración -como correspondía- al momento de concluir que se encontraban prescriptas las diferencias de haberes devengadas con anterioridad al 26/11/2012 (cfr. fs. 194 vta./195).”

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. Claudia Beatriz Sbdar (en disidencia) entendió que la Cámara no fundó suficientemente su apreciación sobre la aplicabilidad de la Ley 6446 ni sobre el derecho adquirido alegado, expresando que “la conclusión de la Cámara de que la Ley 6.446 resulta aplicable para la determinación de la movilidad del beneficio obtenido por la actora no cuenta con fundamentación suficiente, por cuanto no explicitó mínimamente las razones por las cuales consideró que la demandante tenía un derecho adquirido a los beneficios otorgados por un régimen legal que quedó derogado por las Leyes 6.772 y 6.763. El déficit apuntado lleva a concluir que el fallo en punto al reconocimiento del derecho a la movilidad jubilatoria de la actora incumplió con el deber de fundamentación ... Ello determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia.” (voto que proponía casar la sentencia y remitir a la Cámara).