CHICOU GRACIELA NOEMI c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La actora reclamó movilidad y reajuste de su haber jubilatorio en base a normas provinciales y convenios colectivos. La Sala de la Corte, por mayoría, rechazó el recurso de casación de la Provincia y confirmó la validez de la aplicación de normas provinciales y del derecho adquirido a la movilidad en favor de la jubilada, por entender que su situación no fue transferida a la Nación.
¿Quién es el actor?
Chicou Graciela Noemí (actora-jubilada).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento de movilidad proporcional del haber jubilatorio (aplicación de régimen provincial y convenios colectivos) y diferencias previsionales correspondientes.
¿Qué se resolvió?
Rechazo del recurso de casación interpuesto por la Provincia; se confirma la sentencia de la Cámara (no se hace lugar al recurso de casación) por la mayoría del Tribunal; costas de instancia a cargo del orden causado. Voto en disidencia parcial de la Dra. Sbdar, que consideró que la sentencia de la Cámara adolece de falta de motivación y debía casarse y remitir los autos para nuevo pronunciamiento.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
¿Cómo votaron los jueces?
"La cláusula 1, párrafos primero, cuarto, sexto y último, del citado convenio de transferencia, expresa: 'La Provincia y la Municipalidad transfieren al Estado Nacional, y éste acepta, sus Sistemas de Previsión Social regulados por normas Provinciales y Municipales vigentes, con excepción de las Leyes Provinciales Nº 6.622/95 y 6.639/95 y del Decreto 1.288/95 (....). La transmisión de los Sistemas de Previsión Social comporta y conlleva la delegación de la Provincia y la Municipalidad a favor de la Nación de la facultad de legislar en materia previsional y el compromiso irrestricto de abstenerse de dictar normativas de cualquier rango que admitan directa o indirectamente la organización de nuevos sistemas previsionales, generales o especiales en el territorio provincial que afecten el objeto y contenido del presente Convenio (...). El Régimen de Pensiones no contributivas seguirá a cargo de la Provincia así como las prestaciones regidas por las Leyes Provinciales Nº 6.622/95 y 6.639/95, y el Decreto 1.288/95. En todos los supuestos serán aplicables a partir de la entrada en vigencia de este Convenio, las Leyes Nacionales 24.241 y sus modificatorias y 24.463, o los textos legales que pudieran sustituirlos'."
"Como claramente se sigue de las normas transcriptas, los jubilados de la Ley N° 6622 (artículo 8, inciso c) -como lo es indudablemente el actor en autos-, no fueron transferidos a la Nación y sus prestaciones son atendidas con fondos provinciales."
"De allí que no constituya una inteligencia aceptable del último párrafo de la cláusula 1 del convenio la que reputa abarcados por ella a los jubilados transferidos como a los no transferidos al sistema previsional nacional."
"En suma; por los fundamentos que anteceden, queda claro que la derogación de la Ley Nº 6446 fue hacia el futuro; que la citada delegación potestades también lo fue para el futuro; y que la situación jurídica de jubilados no transferidos -como la actora en autos- no fue alcanzada por las leyes nacionales de marras; de lo que se sigue, en mi criterio, la improcedencia de argumentar con la jurisprudencia citada del más Alto Tribunal de la República, o afirmar que se procura indebidamente hacer regir el caso con una legislación derogada..."
Además, el voto mayoritario sostuvo que la base de cálculo debe incorporar aumentos salariales y remunerativos dispuestos con posterioridad (movilidad), aun cuando no hubieran sido aportados por el pasivo, en línea con la garantía del haber móvil del artículo 14 de la CN.
¿Cómo votaron los jueces?
"La conclusión de la Cámara de que la Ley 6.446 resulta aplicable para la determinación de la movilidad del beneficio obtenido por el actor no cuenta con fundamentación suficiente, toda vez que no explicitó mínimamente las razones por las cuales consideró que el demandante tenía un derecho adquirido a los beneficios otorgados por un régimen legal que quedó derogado por las Leyes 6.772 y 6.763."
"El déficit apuntado lleva a concluir que el pronunciamiento recurrido incumplió con el deber de fundamentación... Ello determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia."
Propuesta de la disidencia: hacer lugar al recurso de casación, casar la sentencia y remitir los autos a la Cámara para nuevo pronunciamiento.
¿Cómo votaron los jueces?
Fallo por mayoría 3 votos (Goane, Posse, Estofán) que rechazan el recurso; 1 voto en disidencia (Sbdar) que proponía casar la sentencia.
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