RODRIGUEZ JOSE ADRIAN c/ CHAVARRIA CARLOS ALBERTO s/ COBRO DE PESOS
El actor reclamó indemnización por lesiones y daños derivados de un accidente laboral, pidiendo incapacidad, daño emergente y daño moral. La Corte de Casación hizo lugar parcialmente al recurso, casando la sentencia de instancia por falta de fundamentación y por haber rechazado indebidamente el rubro daño emergente, y ordenó que la Cámara dicte un nuevo pronunciamiento.
¿Quién es el actor?
José Adrián Rodríguez.
¿A quién se demanda?
Carlos Alberto Chavarría.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de pesos por incapacidad sobreviniente, daño emergente (gastos por intervención quirúrgica, traslados y rehabilitación) y daño moral derivados de un siniestro laboral.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de casación del actor y se casó parcialmente la sentencia Nº 27 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo (26/2/2018). Se dejó sin efecto el punto dispositivo I (parcialmente la planilla de condena) y el punto dispositivo III (regulación de honorarios), remitiendo los autos para que la Cámara, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento. Se impusieron las costas de la instancia al orden causado.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En efecto; esta Corte ha señalado reiteradamente que aun cuando el actor no acredite la existencia concreta de los gastos terapéuticos, médicos y farmacéuticos, el resarcimiento debe ser admitido, porque estando demostradas las lesiones sufridas, la actividad probatoria vinculada a los gastos de curación debe valorarse con criterio amplio y es innecesaria su demostración puntual. Por tanto, pueden ser determinados prudencialmente por el juez cuando exista una adecuada correlación entre los gastos y la naturaleza de la lesiones, tiempo de curación, tratamiento médicos y sus secuelas (cfr. CSJT, 18/4/2016, “Brito Daniel vs. Provincia de Tucumán y otros s/ Daños y perjuicios”, sentencia N° 411; 21/3/2007, “Raiden Lascano Guillermo y otro vs. Givorgi Raúl y otro s/ Daños y perjuicios”, sentencia N° 160; 22/5/2002, “Roquera Darío Leoncio vs. Sol San Javier S.A. s/ Daños y perjuicios”, sentencia N° 347, entre otras)."
"De lo expuesto se sigue que la Cámara, no obstante haber reconocido la existencia del hecho dañoso y de la responsabilidad del demandado, al rechazar el rubro daño emergente reclamado por el actor en la demanda por los gastos que debió realizar el actor para afrontar la intervención quirúrgica y el traslado a las revisaciones posquirúrgicas y tratamientos de rehabilitación con fundamento en la falta de elementos probatorios, se apartó infundadamente de lo dispuesto por el artículo 267 del CPCyC de aplicación supletoria y del criterio sentado por esta Corte con respecto a la determinación del monto de los daños."
"Como se dijo antes, la motivación de los actos jurisdiccionales se trata de una exigencia constitucional derivada de la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, que ha de ser expresa, pues no se satisface mediante una referencia genérica a la prueba incorporada al proceso. Desde este enfoque la sola referencia a 'importantes diferencias' entre los dictámenes periciales y la transcripción de las respuestas dadas por uno de los peritos, sin realizar una real y adecuada operación ponderativa de esos elementos probatorios, debidamente razonada y circunstanciada, de modo tal que queden expuestas las razones que determinaron la solución adoptada por la Sala a quo, resultan insuficientes a fin de cumplir con el deber de fundamentación que sobre todo órgano jurisdiccional pesa."
¿Cómo votaron los jueces?
voto por mayoría (Vocales Goane, Sbdar y Posse).
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