PROVINCIA DE TUCUMAN c/ ORTIZ MOSTAJO ELDA ZULEMA s/ ESPECIALES

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Ortíz Mostajo Elda Zulema.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción especial residual tendiente, en su planteo de fondo, a impugnar/obtener pronunciamiento respecto de normativa administrativa (se menciona la Acordada Nº 168/91) en el marco del procedimiento especial denominado "Especiales (Residual)"; el conflicto principal traído a resolución por esta Corte es de competencia negativa entre la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y el Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IIIª Nominación.

¿Qué se resolvió?

Declarar la competencia material del Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IIIª Nominación para continuar entendiendo en la causa y remitirle los autos para que prosiga el trámite según su estado. Se dispone protocolizar el dictamen del Ministro Fiscal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"II.- La cuestión a resolver ha sido reseñada y objeto de un adecuado tratamiento en el dictamen del señor Ministro Fiscal de fs. 174, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite."

"Cabe señalar que recientemente en el precedente “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación vs. Provincia de Tucumán s/ Especiales (Residual)”, sentencia Nº 568 del 26/4/2018, esta Corte consideró que “el CPL asigna competencia material a la Justicia del Trabajo para conocer en 'los conflictos derivados del Derecho Colectivo del Trabajo, cuando las leyes de fondo así lo determinen' (art. 6, inc. 4). La ley de fondo aplicable a los conflictos colectivos del trabajo a la que remite la norma procesal local es la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551 (en adelante, LAS) que establece que los jueces con competencia en lo laboral entenderán en las cuestiones referidas a prácticas desleales (art. 53, LAS), en las acciones previstas en el artículo 52 y en las acciones previstas en el artículo 47, y señala además que 'estas acciones se sustanciarán por el procedimiento sumario previsto en la legislación local' (art. 63, inc. 2, LAS). Como puede apreciarse a partir de la transcripción normativa precedente, el sistema de la LAS para la atribución de competencia al fuero laboral se asienta sobre dos pilares: uno, la identificación de las acciones que corresponden materialmente al fuero del trabajo (prácticas desleales, tutela gremial y protección de la libertad sindical) y la determinación de un tipo de proceso específico para la tramitación de esas acciones (el procedimiento sumario previsto en la jurisdicción local) (cfr.: CSJT, sentencia Nº 115 del 24/02/2016, 'Schony, Daniel Enrique vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ Ordinario')”. Allí señaló también este Tribunal que “tampoco la relación de empleo público subyacente puede erigirse en un impedimento para que un caso cuya competencia fue asignada al fuero del trabajo sea litigado, tramitado y decidido en dicho fuero, si es que se dan los presupuestos contenidos en el art. 6, inc. 4 del CPL y en las normas de fondo a las que él remite. En el presente caso el objeto de la demanda no es la mera cesación de una conducta antisindical, sino la anulación de un acto administrativo de carácter general, como es la Acordada N° 168/91 que regula las condiciones de desenvolvimiento de la relación de empleo público. Y el proceso a través del cual se propone la tramitación de este juicio no a través de una acción sumaria, sino a través de una acción ordinaria. En consecuencia, lo que impide la adjudicación de competencia al fuero del trabajo no es la existencia de una relación de empleo público subyacente, sino la falta de configuración de los presupuestos de hecho previstos en la norma procesal para determinar la competencia a uno u otro fuero”."

Texto del dispositivo:

"DECLARAR LA COMPETENCIA del Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IIIª Nominación para continuar entendiendo en la presente causa, al que deberán remitirse los autos para que prosiga el trámite según su estado. DISPONER que se protocolice el dictamen del señor Ministro Fiscal adjunto a la presente sentencia."

¿Cómo votaron los jueces?

El acuerdo aparece firmado por los integrantes del Tribunal indicando la decisión; no se consignan votos en disidencia en el texto analizado.