LOBO JORGE ALBERTO c/ NAVARRO JULIO RAMON Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Lobo Jorge Alberto (parte actora).

¿A quién se demanda?

Navarro Julio Ramón y otro; también intervino la compañía aseguradora.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción por daños y perjuicios (y en el incidente, oposición/controversia sobre la perención de la instancia).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación; se confirmó que la Cámara de Apelaciones hizo lugar al incidente de caducidad de la instancia (perención) y, por tanto, la declaración de perención no fue purgada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"V.1- Carece de asidero lo afirmado por el recurrente que la demora no le es imputable pues en oportunidad de presentar el alegato solicitó el pase de los autos para dictar sentencia. Cabe recordar el carácter excepcional de la suspensión del procedimiento, de manera tal que la razón de la imposibilidad de las partes de presentar escritos judiciales debe radicar en motivaciones independientes de la voluntad de aquéllas que determinan imposibilidades absolutas de formular peticiones jurídicas, lo que no acontece en el caso. En efecto, en la especie, no existía imposibilidad fáctica ni jurídica de peticionar e instar el curso del proceso. Ni la ley impositiva ni la procesal determinan expresamente la suspensión del procedimiento civil, ni hay acuerdo de parte u otra circunstancia que imposibilite fácticamente el curso del mismo. Y es que la paralización de los trámites del juicio, no mediando acuerdo de parte o una regla general que la imponga es inconciliable con el objeto y fin de la perención. Por eso, el recurrente no puede pretender ver una nueva causal de suspensión procedimental -o imposibilidad de actuar- en la demora del órgano jurisdiccional de llamar autos para sentencia.

No existiendo paralización o suspensión del trámite, ni imposibilidad jurídica o fáctica de actuar procesalmente y no estando los autos pendientes de sentencia no se advierte la razón por la cual el principio dispositivo habría cesado su vigencia atento a la etapa procesal alcanzada, pues la inactividad del Juzgado no releva a las partes de su obligación de instar el cumplimiento de la omisión por parte del órgano jurisdiccional. Es del caso citar lo dispuesto por la CSJN en el caso "Estornell" (del 06/5/1986 Fallos T. 308, I, pág. 703), afirmatorio de la vigencia del principio dispositivo. Este principio señala a las partes iniciar, estimular, activar, urgir, suplir, mover, preservar, insistir, reclamar, en una palabra "instar" y mantener con vida el proceso, es decir la instancia, para que la misma no se extinga por inactividad de aquéllas o del órgano e indica que el actor tiene el deber de cooperar e instar al proceso en todo su contenido y desarrollo de cada una de sus etapas en la instancia. En aquella ocasión la CSJN dejó sentado que las partes litigantes no están relevadas del impulso procesal que les compete, en virtud del principio dispositivo, ante la ausencia de actividad u omisión del órgano judicial. De allí que no hubo cesado la carga de impulso procesal que pesaba sobre la accionante pues la vigencia del mencionado principio imponía en el sub lite a la parte actora, el tener que instar el procedimiento a fin de concluir con el impulso procesal a su cargo, de conformidad a la norma del art. 211 Procesal, pues lo que impide que se produzca la caducidad de la instancia es que "los autos se encuentran pendientes de sentencia", es decir que el impulso procesal no dependa de la actividad de las partes, lo que no sucedió en la especie."

"V.2- El beneficio de litigar sin gastos, en cualquier circunstancia o momento, siempre tiende a la satisfacción de un interés particular de uno de los litigantes, y todas las actuaciones que se realizan en procura de su obtención no constituyen actos inherentes al proceso o que hagan a su estructura esencial, sino que son contingencias que pueden llegar o no a producirse y que, aunque se efectúen con vista al trámite de un determinado proceso y en todo caso se encuentran ordenadas a requerimientos o necesidades de orden privativo y personal de la parte que lo solicita, por lo que no corresponde asignarle a dichos trámites, carácter interruptor del plazo de caducidad.

De otra parte, es de toda evidencia que una vez confeccionada la planilla fiscal y notificada a las partes, las únicas alternativas que caben es pagarla, o eximirse de tal obligación alegando una justa causal, como haber obtenido el beneficio de litigar sin gastos. Siendo ello así, entonces, y ante la previsibilidad de lo expresado, lo razonable es que la parte actora adopte oportunamente las diligencias necesarias en procura de su otorgamiento, a fin de evitar que se desemboque en una situación como la que el actor invoca en la causa."

"V.3- Cabe destacar que la sentencia recurrida no exigió la notificación del auto impulsorio -autos para sentencia-, para que el mismo tenga efectos interruptivos de la perención, sino que juzgó que el acto -acaecido con posterioridad al transcurso del plazo de caducidad-, no fue consentido por los incidentistas.

Cabe recordar que “de acuerdo a lo establecido en el (ex) art. 214 (actual art. 207) CPCyC, la perención de la instancia queda purgada cuando se consiente una actuación posterior al vencimiento del plazo legal. Ese consentimiento se produce una vez pasados cinco días del conocimiento de dicha actuación sin formular objeción alguna por parte del sujeto legitimado para pretender una declaración de esta naturaleza...”

Ahora bien, de los tres extremos recién descriptos, exigidos para que proceda el saneamiento de la perención, solo dos podrían ser considerados cumplimentados en la especie. Así, puede comprobarse que luego de vencido el plazo legal previsto en el art. 203 inc. 1 de la ley ritual, el apelante consumó un acto impulsorio mediante su presentación del 04/12/2009 (fs. 318); pero no se evidencia que los co-demandados hubieran consentido tal actuación, por las razones supra esgrimidas; razón por la cual, el tercer recaudo no se encuentra verificado y, por tanto, la convalidación de la perención de la segunda instancia no se ha operado. El agravio debe ser desestimado."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de los tres vocales (Posse, Estofán y Gandur). Dispositivo final: No hacer lugar al recurso de casación; costas al recurrente; reserva de regulación de honorarios.