JUAREZ OSCAR ALBERTO Y O. c/ ORQUERA MIGUEL ALEJANDRO Y O. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Juárez Oscar Alberto y otros (actor inicial en autos caratulados “Juárez Oscar Alberto y o. c/ Orquera Miguel Alejandro y o. s/ Daños y perjuicios”, expte. 160/16).

¿A quién se demanda?

Orquera Miguel Alejandro y otros; entre los codemandados, La Martina Servicios Agrícolas SRL (representada por Carlos Dip Fadel) apeló en subsidio contra la providencia.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios (acción de fondo); el recurso versa sobre una providencia incidental que intimó a pagar tasa de justicia, Bono Ley nº 6023 y Boleta Ley nº 6059 o tendrá por no presentado el escrito.

¿Qué se resolvió?

La Cámara NO HACE LUGAR al recurso de apelación en subsidio interpuesto por Carlos Dip Fadel y confirmó la providencia de fecha 27/6/2018 que intimó al cumplimiento de los recaudos legales bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito; se mantuvieron las costas según lo considerado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Conforme a ello, cabe señalar que la Ley nº 5121 (Cód.Tributario Provincial), establece que por los servicios que presta la justicia de la provincia, deben pagarse tasas, cuyo monto fija la ley impositiva. Dicho cuerpo legal prevé que sea el mismo organismo prestatorio quién tenga a su cargo el control del cumplimiento tributario, estableciendo como requisito para dar curso procesal al juicio, el pago de la obligación tributaria mencionada (art. 112). En igual sentido los letrados están obligados en su condición de colegiados, a cumplir con el pago de los bonos de actuación profesional y efectuar los aportes previsionales que la ley 6.059 prevé (art. 90). Estableciendo asimismo que la justicia no dará curso a las causas que se inicien, sin estar previamente cumplidos los tributos mencionados en el art. 26, inc. "a" y art. 27, de la ley citada."

"Como se advierte, la Ley Tributaria no solo dispone la carga de control al magistrado, sino que, a los efectos de resguardar el ejercicio del derecho constitucional de defensa en juicio, está facultado para intimar previamente a la parte o su apoderado, a que en un plazo perentorio subsane la omisión incurrida -como ocurrió en la especie-, ya que el obligado debe asumir en forma actual el pago de aquellas cargas fiscales o previsionales primarias que fija el ordenamiento legal para acceder al servicio de justicia. Por ese motivo, la intimación dispuesta no implica de modo alguno violación al derecho de defensa, toda vez que no contraría el régimen normativo y fue notificado por cédula al obligado conforme lo prevé expresamente el art. 153 inc. 6º del CPCC."

"Asimismo, debe destacar que para poder ejercer con razonabilidad la opción que el referido art. 112 permite al Juez, esto es, la de diferir su cumplimiento hasta el dictado de la sentencia, deben ponderarse las características y circunstancias del caso. En la especie, si bien el actor cuestionó el apercibimiento dispuesto por el decreto de fecha 27/6/2018 (fs. 164), no invocó su incapacidad actual para afrontar el pago de los recaudos fiscales y previsionales, ni solicitó que se formule el respectivo cargo tributario a fin de gestionar una forma de pago ante el organismo repectivo, por lo que la decisión del Juez a quo no aparece irrazonable, debiendo confirmarse lo resuelto."

¿Cómo votaron los jueces?

El dispositivo final del acuerdo dispone la resolución transcripta; no consta disidencia en el bloque dispositivo.