ALBARRACIN LUCIO ALBERTO Y OTRA c/ BALI HAI S.R.L. s/ SUMARIO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Lucio Alberto Albarracín y María Luisa Olalla (parte actora).

¿A quién se demanda?

Bali Hai S.R.L.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de consumo por cancelación intempestiva de un paquete turístico contratado el 03/12/2020; restitución de lo pagado, daño extrapatrimonial, daño punitivo (multa civil art. 52 bis LDC) y demás costas y honorarios.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación de los actores y se modificó el decisorio de fecha 29/11/2023 dejando sin efecto el apartado III), para condenar a Bali Hai S.R.L. a pagar $800.000 para cada uno de los actores en concepto de daño punitivo, más interés, dentro de los diez días de ejecutoriada la presente. Costas del recurso al vencido.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 52 bis de la ley de la LDC dispone que al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicarle una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.

Esta Sala -con distinta integración parcial- ha interpretado que pese a las deficiencias técnicas que exhibe la normativa aplicada, debe entenderse que no basta el mero incumplimiento, sino que es necesaria una conducta particularmente grave, caracterizada por la presencia de dolo o de una grosera negligencia, pues no cualquier incumplimiento autoriza a reclamar la punición a través de la multa contemplada en el art. 52 bis de la ley 24.240. En anteriores precedentes el tribunal ha adherido a la doctrina dominante, que restringe la procedencia de la multa referida a casos de particular gravedad, donde se comprueba -entre otros rasgos- grave menosprecio por los derechos de los sujetos afectados, según las circunstancias del caso. Esta interpretación se corresponde con la finalidad del instituto, que persigue la prevención de determinadas situaciones dañosas originadas en graves inconductas, con independencia de la reparación del concreto perjuicio ocasionado a un sujeto en particular (CCCC, Sala I, sentencia N° 54 del 28/02/2014; cc. sentencia del 31/7/2014, causa Gelsi). (cfr. CCCC, Sala I, Sent. Nro. 66 del 03/06/2020, entre otras)."

"Sobre esa base, valorando el comportamiento observado por la entidad demandada, que derivó en la rescisión ipso iure del vínculo contractual, la que por cierto no se encuentra cuestionada en esta Alzada, se comprueba en las particulares circunstancias de la causa una certera afectación de los derechos e intereses del consumidor o usuario del servicio turístico, producto de la conducta negligente por parte de la agencia de viajes demandada, quien, tratándose de una empresa profesional y de cierta trayectoria comercial, ha provocado trastornos a los viajeros derivados esencialmente de su falta de información oportuna sobre la cancelación del viaje. Repárese que la propia sentencia da cuenta acerca de que, conforme a los dichos del testigo Juan José Rodríguez -dependiente de la demandada- la empresa ya contaba al mes de enero de 2021 con la información certera acerca de que Chile había prohibido el paso de contingentes turísticos por su territorio; y sólo quince días antes de la fecha de salida (estipulada para el 04/03/2021) comunicó la suspensión de viaje y unos días después su cancelación definitiva, conducta reñida con el deber de información relacionado con un aspecto sustancial del contrato. Ello además puso a los actores ante la necesidad de comunicarse en numerosas oportunidades sin obtener una respuesta satisfactoria a su reclamo, por lo que debieron procurarse por sí mismos y a su exclusivo cargo, la contratación de otro servicio distinto al convenido con la empresa demandada; todo lo cual era perfectamente evitable con un mínimo de prudencia y consideración; lo que se encuentra agravado en el caso al encontrarse involucradas personas mayores cuya tutela requería de una mayor prudencia."

"Siguiendo las pautas señaladas, y partiendo de la base de que no existe regulación legal que imponga la aplicación de criterios matemáticos, estimo prudencial condenar a la demandada al pago de la suma de $800.000 (pesos ochocientos mil) para cada uno de los actores, la que luce adecuada, razonable y proporcional en orden a cumplir con la finalidad de los daños punitivos, esto es, el propósito de desalentar conductas disvaliosas. Dicho monto deberá ser abonado dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente, devengando un interés calculado con la tasa activa cartera general préstamos del Banco de la Nación Argentina, en caso de mora, computable a partir de la fecha de este pronunciamiento."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante; no consta disidencia.