TELECOM ARGENTINA S.A. s/ ART. 19 DE LA LEY 24.240 DE DEFENSA DE CONSUMIDOR

¿Quién es el actor?

Telecom Argentina S.A. (recurrente/apoderado).

¿A quién se demanda?

Resolución Nº890-311-DCI-11 de la Dirección de Comercio Interior; y por vía judicial el Juzgado en lo Penal de Instrucción de la IIIª Nominación (sentencia recurrida).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la sentencia de fecha 4/6/2013 que rechazó la apelación de Telecom y confirmó la resolución administrativa que impuso una multa de $10.000 por infracción al artículo 19 de la Ley 24.240 (mala prestación de servicio). Se impugna la carencia de análisis de los agravios de inexistencia de pruebas y falta de motivación del monto sancionatorio.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar al recurso de casación, se casa la sentencia de fecha 4/6/2013 declarándola nula por violación del principio de congruencia y del deber de motivación; se remiten los autos al juzgado de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento. Costas por su orden. Se reserva regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El recurrente planteó en su recurso de apelación (fs.42/45) dos agravios puntuales: a) inexistencia de pruebas que acrediten la falta de cumplimiento de las prestaciones a cargo de la empresa. Y b) falta de motivación del acto administrativo sancionatorio en relación al importe de la multa fijado – Abuso e incongruencia del monto de la multa. El magistrado, por su parte, se ocupó de reiterar los fundamentos expuestos en la resolución sancionatoria de la Dirección de Comercio, omitiendo por completo el tratamiento de los agravios propuestos, cuestiones que resultan esenciales para la pretensión del recurrente atento que podría arribarse a un resultado distinto.

La citada falencia de la sentencia afecta el principio de congruencia y, en consecuencia, el deber de una adecuada motivación y la defensa en juicio. En relación a lo expuesto, Lino E. Palacio expresa que “el principio de congruencia exige una rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan a las pretensiones y a la oposición, es decir, el tribunal ha de pronunciarse positiva o negativamente, sobre todas las pretensiones y oposiciones formuladas por las partes y sólo sobre ellas, respetando sus límites cuantitativos y cualitativos”. Por su parte, acerca de dicho principio, esta Corte viene sosteniendo que “constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y reconoce, incluso, fundamento constitucional, pues como lo tiene reiteradamente establecido la Corte Suprema de la Nación, comportan agravio a la garantía de defensa (art. 18 CN), tanto las sentencias que omiten el examen de cuestiones oportunamente propuestas por las partes, que sean conducentes para la decisión del pleito, como aquéllas que se pronuncian sobre pretensiones o defensas no articuladas en el proceso”.

Por las razones expresadas, corresponde casar la sentencia impugnada en mérito a la siguiente doctrina legal: “Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que infringió el principio de congruencia y el deber de motivación, al omitir el tratamiento de cuestiones oportunamente planteadas y que resultan conducentes para la adecuada solución del pleito”. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la sentencia de fecha 4 de junio de 2013 debiéndose remitir los presentes autos al juzgado de origen para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado."

¿Cómo votaron los jueces?

Los tres vocales (Estofán, Posse y Gandur) coincidieron en el resultado y fundamentos expuestos por el vocal preopinante; no hay disidencias.