TELECOM ARGENTINA S.A. s/ SU DENUNCIA

¿Quién es el actor?

Telecom Argentina S.A., por su representante/apoderado.

¿A quién se demanda?

Resolución Nº 1206-311-DCI-11 dictada por la Dirección de Comercio Interior (DCI) y la sentencia del Juzgado de Instrucción III que confirmó dicha resolución.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la confirmación judicial de la sanción administrativa (multa de $15.000) por supuesta infracción del art. 19 Ley 24.240 (modalidad de prestación de servicios), alegando nulidad de la sentencia por falta de motivación, incompetencia de la DCI (no tratarse de relación de consumo) y ausencia de prueba que acredite la infracción; además se cuestiona la desproporción e inmotivación del monto de la multa.

¿Qué se resolvió?

La Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo lugar al recurso de casación, casó y anuló la sentencia del Juzgado de Instrucción de fecha 18/9/2013 por vulneración del deber de motivación y del principio de congruencia; remitió las actuaciones al juzgado de origen para que se dicte nuevo pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los 2-3 párrafos más relevantes de la sentencia (texto original):

"La sentencia en crisis no trata, absolutamente, el planteo de competencia desconociendo todos los actos procesales que venían sosteniéndolo y resolviéndolo y a los cuales nos referimos detalladamente supra.

En efecto, la primera parte de la sentencia se limita a reproducir textualmente la resolución de la DCI. Posteriormente relata los pasos procesales consecutivos a tal resolución del 23/12/2011 (concesión con efecto suspensivo del recurso de apelación; providencia que dispone suplir la audiencia de ley al infractor, plazo para presentar informe por escrito; presentación de Telecom Argentina S.A. que reitera y ratifica lo expuesto en el escrito de recurso de apelación). Expone que se sanciona a Telecom por infracción al art. 19 LDC y la razón por la que se lo hizo (no haber respetado los términos, modalidades y condiciones convenidas al contratar el servicio con el denunciante, realizando el corte de servicio de manera intempestiva; que el denunciante efectuó reclamos sin recibir una solución a la problemática). Luego entiende que el denunciante ha acreditado la falta de servicio detallando las constancias de autos de las cuales surgiría esto. Agrega que la apoderada de la empresa denunciada no acreditó documentación que justifique el corte de servicio. Cita, finalmente, el art. 19 LDC y concluye que asiste razón al denunciante, rechazando la apelación.

En ningún párrafo, en ninguna línea sentencial, se alude a la competencia de la DCI en autos; no se menciona si se trata o no -y porqué, en su caso- de una relación de consumo que amerite la aplicación de la LDC al expediente sub examine. Obsérvese que a la gravedad de la falta de fundamentación sentencial (arg. art. 30 CP, 143 CPPT), se agrega que el imputado y posteriormente sancionado en sede administrativa por la infracción que analizamos tiene derecho a obtener una resolución judicial al respecto (arg. arts. 30 Ley N° 8365; 66 inc. 1°, LOPJ, 36 CPPT) que resulte “expresa, positiva, precisa” (arg. 273 inc. 6 CPCCT, por remisión del art. 4 del CPPT), sobre un tema que, cabe destacarlo, es previo a cualquier otro y por ende, liminar también a los restantes agravios relativos a la prueba y su valoración -inexistencia de pruebas que acrediten la infracción por la que se sancionó-, así como sobre la desproporción de la multa impuesta -falta de fundamentación en sede administrativa del monto de la multa-."

Citas textuales más importantes:

"Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que infringe el deber de motivación y el principio de congruencia, al omitir el tratamiento de pretensiones oportunamente deducidas por las partes y conducentes para la adecuada solución del caso".

¿Cómo votaron los jueces?

No hubo disidencia; los tres vocales votaron en igual sentido.