MENGUI NANCY ELIZABETH c/ GASPARIC ELENA OLGA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
La actora solicitó la suspensión de términos en causa por daños y perjuicios contra una magistrada y presentó recurso de revocatoria por la denegación de dicha suspensión. La Corte Suprema provincial rechazó el recurso por improcedente y consideró que la petición perseguía fines dilatorios, además de llamar la atención al letrado patrocinante.
¿Quién es el actor?
Mengui Nancy Elizabeth (parte actora).
¿A quién se demanda?
Gasparic Elena Olga (magistrada demandada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Demanda por daños y perjuicios —daño moral— por el presunto obrar antijurídico de la magistrada al momento de fallar una causa.
¿Qué se resolvió?
No hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto contra la providencia que negó la suspensión de términos; se llamó la atención al letrado apoderado Alfredo Hugo Gómez. No se dispuso imposición de costas por no haberse substanciado el recurso.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"2.- Sostiene el recurrente que su requerimiento tiene como causa el “Autoritarismo Político imperante en nuestra provincia”, que surge a partir de la promulgación de las leyes mentoras del Consejo de la Magistratura provincial, cuyo planteo de inconstitucionalidad se encuentra pendiente de resolución por los jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo. Alega que la demora en resolver los amparos que fueron interpuestos a dicho efecto también resulta demostrativa de la grave causal política invocada, del quiebre de la división de poderes y de la ausencia de independencia del Poder Judicial. Razona que si el Poder Judicial no cuenta con la suficiente independencia surge una presunción acerca de que sus fallos no aseguran al justiciable imparcialidad, presunción que deviene aplicable en los presentes autos, cuya suspensión de términos pretende. Resume que las leyes que rigen al Consejo Asesor de la Magistratura son inconstitucionales y que además el poder político maneja discrecionalmente ese órgano, por lo que el Poder Judicial no cuenta con la independencia que precisa todo Poder del Estado, lo cual impide el dictado de sentencias imparciales. Hace reserva del caso federal y solicita que se revoque el decreto recurrido y se suspendan los términos, conforme lo solicitó oportunamente."
"3.- El digesto procesal civil indica en su art. 124 que los términos procesales pueden suspenderse por acuerdo entre las partes o en caso de fuerza mayor o causas graves, apreciadas discrecionalmente por el juez. Descartados el primer y el segundo supuesto, dada la ausencia de pacto al respecto y la falta de invocación de fuerza mayor, no se configura tampoco una causa grave que haga necesaria, o al menos aconsejable, que los términos se suspendan. Pese a la grave denuncia de afectación del régimen republicano de gobierno realizada por el recurrente (ausencia de independencia del órgano judicial), resulta dificultoso concluir que las impugnaciones por inconstitucionalidad de las normas que regulan la existencia y funcionamiento del Consejo Asesor de la Magistratura provincial, que se tramitan en procesos ajenos al presente, puedan de algún modo incidir en el desarrollo del juicio de epígrafe, en el que lo discutido es la responsabilidad por el daño moral ocasionado por el presunto obrar antijurídico de la magistrada demandada, al momento de fallar una causa. Cabe recordar al recurrente que no corresponde a este Tribunal pronunciarse en forma abstracta sobre la cuestión política planteada, menos aún, con prescindencia de las circunstancias concretas del caso (art. 32 CPCC), en el que desde ninguna perspectiva se advierte el quebrantamiento de principio alguno que regule el debido proceso legal, la buena marcha de la institución judicial o acaso la imparcialidad de esta Corte Suprema para entender en los presente actuados."
"4.- Por el contrario, no pasa desapercibido que la suspensión de términos requerida y la interposición del posterior recurso de revocatoria evidencian en el recurrente una intención manifiestamente dilatoria y, por ende, una conducta procesal reñida con la buena fe que debe regir el accionar de las partes durante la tramitación del juicio. Al entender de esta Corte, el comportamiento referido amerita que se llame la atención al letrado apoderado de la parte actora, Alfredo Hugo Gómez, instándolo a abstenerse en el futuro de entorpecer el avance del presente proceso a través de presentaciones que además de dilatorias, resultan inconducentes."
Dispositivo transcrito: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria interpuesto por la representación letrada de la parte actora (fs. 73/vta.), en contra de la providencia dictada por este tribunal en fecha 25/02/2014 (fs. 72). II.- LLAMAR LA ATENCIÓN al letrado Alfredo Hugo Gómez, conforme lo considerado."
No hubo votos en disidencia consignados; el acuerdo consta por los firmantes.
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