JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

MAIDANA, HUGO ALFREDO c/ PEREZ, JORGE BALTASAR Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

El actor demandó por daños y perjuicios derivados de un accidente vial reclamando diversos rubros indemnizatorios. La Cámara de Apelaciones declaró en mayoría la procedencia parcial del recurso del actor, modificó la condena fijándola en $1.120.386,99 y confirmó el rechazo de las apelaciones de los codemandados.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 2 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 2
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
1093/13
Recurso de apelacion Danos y perjuicios Incapacidad sobreviniente Renta capitalizada / valor actual de renta Danos materiales Dano biologico (improcedencia como rubro autonomo) Perdida de chance (rechazo por insuficiencia probatoria) Costas Calculo indemnizatorio ($1.053.348 99 $15.038 Total $1.120.386 Procedimental (preclusion por falta de traslado de pericia) Observacion sobre mayoria: la sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre los dres. benjamin moisa y maria dolores leone cervera (dos votos coincidentes) Conforme consta en el texto.

¿Quién es el actor?

Hugo Alfredo Maidana.

¿A quién se demanda?

Jorge Baltasar Pérez, Marcos Antonio Navarro y Paraná S.A. de Seguros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por daños y perjuicios derivados de lesiones producidas en un hecho de tránsito; se reclamaron rubros entre otros: incapacidad sobreviniente (lucro cesante futuro), daño biológico, pérdida de chance, y daños materiales a la motocicleta.

¿Qué se resolvió?

Se rechazaron los recursos de apelación de los codemandados; se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación del actor y se modificó la condena total a $1.120.386,99, con más intereses según cada rubro; se impusieron costas en los términos del dispositivo; se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"9.Lucro cesante. Indemnización por incapacidad sobreviniente (valor actual de una renta constante). Hasta no hace mucho tiempo, eran frecuentes las sentencias dictadas en las distintas jurisdicciones de nuestro país en las cuales era una incógnita el procedimiento seguido por el juez para la determinación de la indemnización, sin perjuicio de algunas referencias a fundamentos meramente retóricos -como circunstancias personales de la víctima- y de la cita de alguna norma procesal -como el art. 267 del CPCC o el art. 165 del CPCCN-, lo que les permitía arribar a un número mágico.

Hoy existe en la doctrina y en la jurisprudencia cierto consenso sobre que una sentencia, al fijar una cifra indemnizatoria, debe explicar cómo se llega a ella, para permitir un control de razonabilidad y disipar cualquier sospecha de arbitrariedad. Es así como esta Sala, a partir de Gómez c. Cano (CCCTuc., Sala II, Sentencia N° 331, 26/09/12), ha adoptado el llamado sistema de la renta capitalizada -o, más propiamente, del valor actual de una renta constante-, idéntico al previsto en el art. 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación que entró a regir a partir del 1° de agosto de 2015, a los fines de la estimación de la indemnización por el rubro incapacidad sobreviniente. Cabe destacar que, si bien por el art. 7 del CCCN la presente causa se encuentra regida por el derogado Código Civil, nada impide bajo aquel régimen la aplicación de una fórmula matemática para la estimación de una indemnización por incapacidad sobreviniente, como esta Sala lo ha venido haciendo desde el año 2012.

En otras palabras, un juez para fundar debidamente su sentencia debe, en primer término, seguir pautas matemáticas que le permitan explicar con cierto grado de objetividad el resultado indemnizatorio al que arriba, para luego, teniendo en consideración las circunstancias particulares, ajustar equitativamente dicho resultado al caso concreto. Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que la actora percibirá en concepto de indemnización un pago anticipado y no espaciado a lo largo de un extenso período de tiempo (lucro cesante futuro), no resulta apropiado para el caso el sistema del cómputo lineal de las ganancias perdidas, apto para la determinación de la indemnización del lucro cesante pasado o actual (v. gr., en los daños a la integridad psicofísica, las ganancias perdidas durante la etapa terapéutica hasta el restablecimiento), sino el de la renta capitalizada (consagrado actualmente, para el cálculo de la incapacidad sobreviniente, por el art. 1746 del CCCN), correcto para el cálculo del lucro cesante futuro. El primero consiste, simplemente, en la suma total de los ingresos frustrados. El segundo, en acordar un capital idóneo para generar una renta, la cual no se calcula solamente sobre la base de la productividad del capital, sino que éste mismo en algún momento debe considerarse como renta y consumirse en cuanto tal, de modo que la suma indemnizatoria se agote al cabo del lapso por el cual se acuerda el resarcimiento. O, más sencillamente, el sistema de la renta capitalizada consiste en determinar el valor actual de una renta futura (MOISSET DE ESPANÉS, Luis - MOISÁ, Benjamín, Lucro cesante y daño futuro, en Reparación de daños a la persona, AA. VV. -Félix A. TRIGO REPRESAS y María Isabel BENAVENTE, Directores-, t. I, p. 381, La Ley, Buenos Aires, 2014). Nada impide que la renta cuyo valor actual se quiere determinar sea variable, pero ello exige una concluyente y convincente actividad probatoria de la parte interesada. Por lo general, para la determinación de una indemnización por incapacidad sobreviniente bastará con la determinación del valor actual de una renta constante.

La fórmula de matemática financiera a aplicar para determinar el valor actual de una renta constante es: C = a (1 - V n ) 1/i, donde V n = 1/(1 + i) n . Corresponde precisar que: C es el monto indemnizatorio a averiguar; a representa la disminución económica provocada por la muerte o incapacidad total en un período (13 meses, incluido aguinaldo); n es el número de períodos a resarcir, al cabo de los cuales debe producirse el agotamiento del capital; i representa la tasa anual de interés al que se coloca el capital; y V n es el valor actual. Como el presente caso trata de una incapacidad parcial y permanente del 52,75 %, el resultado obtenido debe ser ajustado a tal porcentaje.

Ahora bien, aclarado el procedimiento para la determinación de la base matemática del lucro cesante, se deben reemplazar los términos abstractos de la fórmula por los valores concretos resultantes del caso. Consecuentemente, corresponde considerar: a) que la víctima es de sexo masculino; b) que al momento del accidente tenía 19 años de edad; c) que su expectativa de vida es de 72 años, según promedios estadísticos de uso tribunalicio frecuente, con sustento en las estadísticas de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Tratado de daños a las persona. Perjuicios económicos por muerte, t. 2, p. 282, Astrea, Buenos Aires, 2008); d) que la actor percibirá en concepto de indemnización un pago anticipado y no espaciado a lo largo de un extenso período de tiempo; e) que, a falta de otra, parece razonable tomar como pauta objetiva para la estimación del rubro el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente ($12.500); y f) por último, que no corresponde atenerse a pautas estrictamente cualitativas ni cuantitativas, sino a ambas en su conjunto.

Por lo tanto, efectuados los cálculos correspondientes -$162.500 12,28843152 52,75%-, corresponde fijar en concepto de indemnización por incapacidad sobreviniente la suma de $1.053.348,99, a la fecha de esta sentencia. Consecuentemente, los intereses moratorios se calcularán desde la fecha del hecho hasta la de esta sentencia a una tasa pura anual del 8%, y desde entonces hasta el efectivo pago de la indemnización, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, para evitar un enriquecimiento sin causa por la superposición del componente desvalorización monetaria del interés bancario."

"10.Daños materiales. En cuanto a los daños materiales, no se advierten motivos que justifiquen un apartamiento del monto estimado por pericia accidentológica como costo total de reparación de la motocicleta (fs. 261 vta.), por lo que cabe hacer lugar al agravio y fijar el importe por el rubro en la suma de $15.038 a la fecha de la estimación, esto es, al 16/10/15 según cargo de fs. 262. Consecuentemente, los intereses moratorios se calcularán desde la fecha del hecho hasta el 16/10/15 a una tasa pura anual del 8%, y desde entonces hasta el efectivo pago de la indemnización, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, para evitar un enriquecimiento sin causa por la superposición del componente desvalorización monetaria del interés bancario."

Texto del dispositivo final (transcripción):

"RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos por los codemandados Paraná S.A. de Seguros y Marcos Antonio Navarro a fs. 377, y por el codemandado Jorge Baltasar Pérez a fs. 381.

II. HACER LUGAR, parcialmente, al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 379, y en consecuencia, MODIFICAR el monto de la condena, el cual queda fijado en la suma de $1.120.386,99, con más los intereses considerados respecto de cada rubro indemnizatorio.

III. REVOCAR el punto II de la sentencia apelada e IMPONER las costas del siguiente modo: a) las de primera instancia, en su totalidad a los demandados; y b) las de segunda instancia: 1) por los recursos de apelación de los demandados, a los apelantes vencidos; y 2) por el recurso de apelación del actor, en un 70% a los apelados y en un 30% al apelante.

IV. RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios."

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