MEDINA BENJAMIN Y OTROS s/ QUIEBRA DECLARADA -
El síndico y un letrado apelaron la regulación de honorarios dictada en incidentes por ineficacia de actos de disposición en la quiebra. La Cámara declaró la nulidad de la sentencia de fecha 20/09/2018 y ordenó al a quo designar perito tasador para determinar la base regulatoria y luego regular honorarios, por vicio de trámite en la determinación de la base.
¿Quién es el actor?
Recurrentes: Síndico Miguel Alfredo Marranzino y el letrado Raúl Casimiro Buffo (por sus propios derechos).
¿A quién se demanda?
Fallida (los fallidos) y/o la sindicatura en cuanto a la oposición a la base regulatoria; la regulación fue dictada por el juez de primera instancia.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se apeló la regulación de honorarios practicada por sentencia de fecha 20/09/2018 (fs. 465) respecto de actuaciones relacionadas con un incidente por ineficacia de actos de disposición sobre seis inmuebles rurales en el marco de la quiebra (incidente tramitado por art. 118 LCQ / art. 39 Ley 5.480).
¿Qué se resolvió?
Se declaró la nulidad de la sentencia de fecha 20/09/2018 y de todos los actos que sean su consecuencia, con costas por el orden causado; se ordenó al juez de primera instancia disponer el sorteo de perito tasador para que determine el valor económico en juego y establezca a cargo de quién quedará el pago del honorario del perito, para luego regular honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos relevantes (textos literales del fallo):
"De las constancias del presente incidente, se evidencia que el recurrente reistió una pretensión iniciada por el Síndico tendiente a incluir en el activo de la quiebra seis inmuebles rurales. Como puede advertirse, tales acciones cuentan con un interés económico discutido susceptible de apreciación pecuniaria. Es decir, las acciones entabladas encerraron una trascendencia económica para la quiebra, más allá de su resultado. Consecuentemente, las incidencias suscitadas por el recurrente, en representación de su cliente, son susceptibles de valoración económica y, por ende, cuentan con una base regulatoria, la que fue soslayada en el caso de marras sin una fundamentación suficiente. La solución apuntada resulta independiente de la labor profesional eficaz y/o exitosa de los profesionales beneficiarios de la regulación, puesto que ello será valorado a la hora de establecer los porcentajes de ley, con especial consideración de las circunstancias puntuales que rodearon al caso y lo normado por el art. 13 de la Ley N° 24.432 y del art. 1255 del CCyCN. . De allí que la decisión de la Cámara por la cual se aparta de la aplicación de los arts. 15, inciso 1°, y 39 de la Ley N° 5480 sin brindar fundamentos para ello, resulta contraria a derecho. Esta falencia de argumentación sentencial constituye una infracción al deber constitucional y legalmente impuesto, que tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento. Y es este vicio insalvable, el que conlleva la nulidad del pronunciamiento."
"El inciso 4° del art. 39 de la ley arancelaria establece que 'Si no hubiere conformidad o aproximación entre las estimaciones que permitan efectuar la determinación del monto, el tribunal, previo dictamen de un perito tasador designado de oficio, determinará el valor y establecerá a cargo de quien quedará el pago del honorarios de dicho perito de acuerdo con las posiciones sustentadas respectivamente por las partes'."
"En base a ello este Tribunal advierte que se ha configurado en autos un supuesto de nulidad manifiesta e insubsanable que habilita a este Tribunal a declarar la nulidad de oficio de la sentencia recurrida, pues el vicio del trámite comporta alteración de la estructura esencial del procedimiento."
Motivación principal: la Cámara consideró que la sentencia recurrida soslayó la aplicación del procedimiento previsto en los incs. 3 y 4 del art. 39 de la Ley 5.480 (designación de perito tasador ante estimaciones discordantes), pese a existir estimaciones contrapuestas sobre la base regulatoria (ej.: estimación de Buffo por u$s1.920.000 vs. propuesta de valuación fiscal por la fallida), y que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) había señalado que las acciones poseían interés económico susceptible de apreciación pecuniaria; ello configuró vicio de trámite que determinó la nulidad.
¿Cómo votaron los jueces?
No se consignan votos en disidencia; la sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (dos miembros).
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Leyes que cita
- Ley 24.522Concursos y quiebras
- Ley 26.994Codigo civil y comercial de la nacion
- Ley 24.432Honorarios profesionales
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